La fiscal Dolores Delgado será la ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez

MADRID. (EP) Dolores Delgado García, veterana fiscal de la Audiencia Nacional desde hace 25 años, una de las mayores expertas en la lucha contra el yihadismo y firme defensora de la jurisdicción universal -con experiencia en el Tribunal Penal Internacional-, ha sido la elegida por Pedro Sánchez para ocupar la cartera de Justicia.

Delgado, quien desde el pasado 11 de abril ocupa plaza como vocal por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, el Consejo Fiscal, nació en Madrid en 1962, y actualmente ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. En dicho órgano, y desde 1993, su labor se ha centrado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra.

La nueva ministra de Justicia fue colaboradora habitual del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con quien le une una fuerte relación de amistad, y fue la fiscal encargada de la 'operación Temple' contra las redes colombianas del narcotráfico, con 34 condenados a casi 500 años de prisión, y 'Hielo Verde' contra una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la que colaboraron las autoridades de España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Costa Rica y Reino Unido.

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Dolores Delgado pasó a especializarse en el terrorismo, tanto el de ETA -con el procesamiento de la Mesa Nacional de Batasuna-- como el yihadista -se desplazó a Turquía para interrogar a la viuda del sangrieno miembro del DAESH de origen marroquí Mohamed Hamaduch, también llamado 'Kokito Castillejos' y entre sus recientes éxitos está el logro el pasado abril de fuertes condenas para los diez detenidos en la 'Operación Caronte- aunque también ha llevado los casos de los militares argentinos Scilingo y Cavallo.

Desde el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011, preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad.

La mujer que ocupará una cartera tradicionalmente reservada a hombre es una trabajadora tenaz y criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.

Es habitual verla compartir momentos de café o de aperitivo en locales de los alrededores del edificio de la Audiencia Nacional en Génova con los instructores de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu, que también eran los más cercanos a Baltasar Garzón antes de que éste fuera inhabilitado por su instrucción del "caso Gürtel".

Durante unos meses del pasado año fue portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante la prensa, si bien tras los atentados de Barcelona fue sustituida por Miguel Ángel Carballo.

Ministra tuitera

Delgado es usuaria habitual de Twitter donde en su perfil se define como "fiscal de profesión... y de vocación" para añadir que cree "firmemente en la jurisdicción universal" y es miembro de la UPF.

Alguno de sus mensajes han generado cierta polémica, como el que escribió coincidiendo con la declaración como testigo en el juicio de la 'Gürtel' del expresidente Mariano Rajoy. "Insoportable esta corrupción sistémica. Lo de hoy ha sido patético, triste e indignante", escribió en la red social tras concluir la dicha declaración.

También causó cierto enfado en el Ministerio ocupado por Rafael Catalá otro mensaje que el pasado mes de agosto publicó Dolores Delgado calificando de "chapuza" el sistema de tramitación telemática Lexnet tras un agujero de seguridad detectado en el sistema, y un descontento similar provocó en Interior el plan de coordinación que diseñó el pasado mes de junio tras una operación yihadista en Madrid en la que se habrían solapado investigaciones de la Policía y de la Guardia Civil.

Ahora, como responsable de Justicia, Delgado tendrá que enfrentarse a la mejora y mantenimiento de la justicia digital y a otros desafíos, como el descontento existente en las carreras judicial y fiscal por las actuales condiciones laborales y retributivas. Además, tendrá por delante una posible modificación de las penas por delitos sexuales y la siempre recurrente reforma procesal para que la instrucción de penal en España pase al Ministerio Público al cual ella pertenece.