Elena Cebrián, consellera de Agricultura y Medio Ambiente. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las Diligencias de Investigación Penal (DIP) que tenía abiertas contra la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y el director general de ese área, Rogelio Llanes, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito fiscal. Lo ha hecho después de recibir un informe enviado por la propia Conselleria denunciada.
Las DIP se abrieron a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) por encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria con la empresa Tragsa.
Según consta en el decreto de archivo al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el fiscal del caso informa favorablemente al cierre de la investigación con el siguiente argumento: "a la vista del informe que se ha aportado" por parte de la Conselleria "en el que se da cumplida explicación de todos los hechos que han sido objeto de denuncia", entiende que "no existen indicios de la comisión de los delitos denunciados".
Previo al dictamen de archivo, el mismo fiscal explica que el citado informe proviene de la propia Conselleria: "En las presentes Diligencias de Investigación se recabó informe de la citada Conselleria que tuvo entrada en Fiscalía el día 11 de abril de 2017". Es decir, que el pilar fundamental del archivo de la denuncia contra Cebrián es la explicación de la Conselleria que dirige la denunciada. Además de Cebrián, el sindicato también había denunciado al interventor, que es la persona que firmaba como funcionario la legalidad de los contratos.
La denuncia presentada por el sindicato USO versaba sobre las encomiendas adjudicadas a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en detrimento de la empresa pública de la Generalitat Vaersa.
USO dividía la citada denuncia en varias partes. Por un lado afirmaba que existía prevaricación porque los denunciados se saltan una norma europea, a sabiendas, al seguir contratando con Tragsa como medio propio pese a que dicha empresa depende del Ministerio de Medio Ambiente y no de Generalitat. Según los denunciantes, al no ser un medio propio no podían adjudicarle una encomienda de gestión sin pasar por concurso público. Se da la circunstancia de que Medio Ambiente es el ministerio donde la consellera tiene plaza fija como alta funcionaria.
Además, según USO, tampoco podían darle a Tragsa las obras porque "existe un delito de prevaricación por violar la Ley de Contratos del Sector Público, al no optar por la opción más barata", algo que es obligatorio. De hecho, en el contrato para la erradicación de la mosca de la fruta, el contrato de Tragsa es 1,28 millones de euros más caro que el de Vaersa y, aun así, la Conselleria optó por Tragsa en lugar de Vaersa.
En este sentido, el sindicato USO lleva meses denunciando que solo el 10% de los contratos y encomiendas de gestión van a parar a Vaersa, a pesar de que siempre es la opción más barata. La tercera pata de la denuncia también hacía referencia a esto último, ya que el sindicato consideraba que además de prevaricación, también había un delito de malversación por optar a sabiendas a la opción más cara.
Por último, el sindicato denunciaba "la existencia de un delito fiscal, en grado intentado, pues aun no se ha efectuado (salvo que hayan eludido ya los pagos trimestrales del IVA), por la pretensión manifestada por escrito de elusión del IVA". El sindicato se refería a que, al no ser un medio propio, pues Tragsa depende del Ministerio de Medio Ambiente, no podía estar exento del pago del IVA, un 21 por ciento, como sí que lo está Vaersa.
