La fiscalía archiva la investigación a Olivas por el cobro de 3,3 millones en participadas de Bancaja

VALENCIA. La Fiscalía de Valencia ha archivado las diligencias de investigación penal para aclarar el cobro presuntamente irregular por parte de José Luis Olivas de 3,3 millones de euros que el expresidente de Bancaja percibió como representante de la entidad financiera en el consejo de firmas participadas por la caja como Abertis, Enagás, Martinsa-Fadesa e Iberdrola.

Las actuaciones, que han acabado archivadas según ha confirmado a este periódico la Fiscalía de Valencia, se iniciaron a raíz de un expediente de la comisión ejecutiva del Banco de España de julio de 2013 en el que se apuntaba al cobro indebido de esas cantidades que, según el criterio del supervisor, debían haber sido reintegrados a la entidad financiera.

En un informe en el que se denunciaban varias operaciones supuestamente irregulares realizadas por Bancaja Hábitat que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, el comité ejecutivo del Banco de España señaló haber tenido conocimiento por la información remitida por el grupo BFA-Bankia de retribuciones de la alta dirección de Bancaja que, a juicio del regular, serían contrarios a la normativa bancaria

"Se ha tenido conocimiento de que determinados directivos (en concreto el presidente y el director general de Bancaja entre los años 2007 y 2012) tuvieron una serie de ingresos de volumen significativo (en el entorno de los 3,3 millones de euros y 0,3 millones de euros, respectivamente) que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de Bancaja. La entidad ha confirmado al equipo inspector que no se ha producido el retorno de dichas cantidades a la caja, tal y como exigía la normativa de la Generalitat Valenciana", destacó el Banco de España en su informe. 

El expresidente de Bancaja y Banco de Valencia remitió el pasado mes de octubre un escrito al gobernador Banco de España en el que solicitaba la revisión y modificación de sus conclusiones sobre las dietas. Para sustentar su petición, Olivas argumentó que su cargo de presidente de Bancaja no era ejecutivo, que no tenía contrato de alta dirección con la caja ni plan de pensiones, por lo que la percepción de dietas por asistencia a consejos no sería contraria a lo establecido en la ley autonómica de cajas.

Además, Olivas hacía referencia a dos acuerdos del consejo de administración de Bancaja (en 2002 y 2007) en los que se autorizaba a sus representantes en consejos de participadas a percibir remuneraciones: "Al no tener dedicación exclusiva ni estar sometido al mismo régimen de incompatibilidades que el director general, tenía pleno derecho, según lo aprobado por el consejo de administración en varias ocasiones, a percibir como persona física las retribuciones que me correspondían como miembro del consejo de administración de todas aquellas sociedades participadas por Bancaja en las que al efecto fuera designado".