Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAGANDIA. El exalcalde de Gandia Arturo Torró vuelve a saltar a la escena pública tras conocerse los posibles indicios de delito de unas de los proyectos estrella que quiso emprender durante su legislatura, la operación Aplauso, mediante la cual el popular intentó comprar las áreas comerciales, de ocio y cines del complejo Gandia Palace para su posterior arrendamiento.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juez que cite a declarar como imputados a Torró y a Javier Reig, el entonces vicepresidente de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), por la operación Aplauso. Se trata de una operación de compraventa firmada en noviembre de 2011 entre Vipei SA y la empresa pública IPG y en la que ahora la Fiscalía ve indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de la anterior Corporación Municipal.
Las posibles irregularidades hacen referencia al proyecto que el propio Arturo Torró denominó operación Aplauso, por el cual el Ayuntamiento quería comprar parte del complejo Gandia Palace por 6,7 millones de euros y sufragar los gastos de la operación alquilando a una empresa los espacios de los antiguos CineBox. La operación se pretendía llevar a cabo a través de la empresa municipal IPG, cuya gestión por parte del anterior gobierno ha sido cuestionada.
La operación tenía el objetivo de incrementar el patrimonio del Ayuntamiento de Gandia, potenciar la zona de la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese dinero se deduciría del precio final y el resto debía ser abonado por IPG. Cabe resaltar que el Ayuntamiento de Gandia no ha hecho efectivo el pago de los restantes 5,4 millones.
La oposición denunció un trato de favor y un derroche de dinero innecesario hacia un "empresario amigo", con el argumento de que un informe pericial realizado en abril de 2011 y encargado por el propietario del complejo valoraba las áreas en 2,36 millones. Seis meses después el Partido Popular lo adquiría por 6,7 millones.
Sin embargo, la compra por ambas partes no pudo realizarse al entrar Vipei en concurso de acreedores y pasar la propiedad a formar parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reordenación Bancaria).
La falta de información del proceso llevó a los socialistas a interponer una denuncia ante la Fiscalía para así tener acceso a toda la documentación. En julio, el Ministerio Fiscal solicitó el expediente en relación a las deudas que mantenía Vipei con el Ayuntamiento de Gandia, el acuerdo del Consejo de Administración de IPG por el que se aprueba el contrato de cesión del inmueble de la calle Camp de Morvedre, la escritura de cesión de bien inmueble para pago de deuda tributaria con compensación económica celebrado entre Vipei e IPG en enero de 2012 y el convenio de cesión de deuda del 13 de enero de 2012 entre Vipei y las empresas públicas Societat l'Agencia d'Habitatge i Urbanisme de Gandia e IPG.
En declaraciones a Valencia Plaza, el portavoz del gobierno de Gandia, José Manuel Prieto, ha expresado que esta noticia junto al caso Púnica o la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de los presupuestos de 2013 constan una vez más que la gestión del Partido Popular “había más sombras que luces” y ha pedido responsabilidades a quienes llevaron a “Gandia a la ruina”. “Todos los que llevaron a Gandia a la ruina deberían de asumir sus responsabilidades y dimitir”, ha sentenciado Prieto haciendo referencia tanto a Arturo Torró como los miembros del consejo de administración de la mercantil pública Javier Reig, Víctor Soler, Guillermo Barber y Lola Moncho.
