Banquillo de los acusados del 'caso Emarsa'. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El caso Emarsa, el que investigó el desfalco de 23 millones de euros perpetrado en la depuradora de Pinedo, está considerado como uno de los más sangrantes de la historia de València pues, debido a él, los ciudadanos han visto incrementada su factura del agua. Fue tal el robo que hubo que meter una tasa en la factura. Ahora, siete años después de que comenzaran las investigaciones, hay sentencia.
Una sentencia que condena a todos y cada uno de los acusados a penas que suman casi 98 años de prisión y que supone un reconocimiento implícito al trabajo de las dos fiscales del caso, Virginia Abad y Ana Palomar, y del magistrado instructor, Vicente Ríos. Los tres bajaron a las cloacas de esta trama corrupta sin miedo a lo que pudieran encontrar y lucharon, contra viento y marea, por conseguir una condena que por fin ha llegado. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana primero y ante el Tribunal Supremo después. Pero la Audiencia Provincial ha emitido un fallo de más de 2.200 páginas que evidencia lo que Abad, Palomar y Ríos han defendido durante siete años: se robó sin contemplaciones.
Las penas impuestas constatan la gravedad del delito: doce años y medio para el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; diez para Enrique Crespo, exvicepresidente popular de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar). Al ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal le condena a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García, a siete años y seis meses.
Las condenas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular. Es más, las indemnizaciones fijadas van al céntimo con las solicitadas por las fiscales, lo que deja claro el intenso trabajo de ambas en este caso.
La sentencia da una explicación de los hechos acusado por acusado. Del exgerente Esteban Cuesta -enfermero de profesión-, por ejemplo, dice que le fueron conferidos unos poderes amplísimos, idénticos a los ostentados por el consejero delegado, Enrique Crespo. De enrique Crespo asegura que "gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa por parte del consejo de administración, permitiendo al gerente administrarla a su antojo, desviando fondos en cuantía millonaria en su propio beneficio o en el de terceros con los que mantenía vinculaciones de tipo personal y/o afinidad política".
Y añade que como justificación de este desequilibrio patrimonial, Crespo "hacía creer a los funcionarios de la Emshi y miembros del consejo de administración de Emarsa que el problema traía causa de una financiación insuficiente por parte de la Epsar, explicación que no se ajustaba a los datos que reflejaban las cuentas de la empresa, de los que se deducía que el problema de la mercantil era que los gastos de explotación y, concretamente, la partida de aprovisionamientos, iba creciendo considerablemente año tras año tras la llegada del acusado Esteban Cuesta a la gerencia de la empresa, permaneciendo, sin embargo, invariable la masa salarial, hecho plenamente conocido por el presidente del consejo de administración y consejero delegado, que es licenciado en ciencias económicas".
Pero lo principal de la sentencia es que asegura que existían tres vías o sistemas de desvío de dinero: la simulación de expedientes, el cobro de comisiones a través de la adjudicación de contratos en perjuicio de otros contratistas y a través del desvío de fondos por la retirada de los lodos.
Sobre la simulación de expedientes dice que Crespo, Cuesta y Enrique Arnal "suscribieron contratos con diversas empresas proveedoras de la sociedad metropolitana incumpliendo, consciente y deliberadamente, la normativa administrativa que le era obligatoria en la referida materia, eludiendo en todo momento las previsiones jurídicas de la legislación reguladora de la contratación pública".
Y aseguran los magistrados que "procedieron a la simulación de distintos expedientes de contratación, cuya resolución tácita culminaba mediante la firma de un contrato que, posteriormente, les daría la cobertura precisa para obtener un beneficio propio o ajeno a costa de los fondos públicos que la Epsar y la Emshi transferían a Emarsa, en la errónea creencia de que estaba financiando servicios básicos empleados para cubrir las necesidades reales de la explotación y gestión de la EDAR de Pinedo. Asimismo, contrataron los servicios de algunos proveedores omitiendo la formación del preceptivo expediente de contratación, e incluso permitieron la prestación de servicios a la empresa pública sin la firma previa de un contrato".
Del segundo método para desviar dinero público, el cobro de comisiones a través de la adjudicación de contratos, explican los magistrados que los hechos quedan probados a través de la declaración-confesión del hermano de Esteban Cuesta, José Ramón Cuesta, quien les contó a los tres jueces que constituyó una empresa a la que se le adjudicaron los contratos, lo que supuso que otras empresas quedaran fuera del concurso.
Y que "una vez constituida la sociedad, Esteban y Ramón Cuesta confeccionaron diversas facturas genéricas que simulaban la prestación de unos servicios a las sociedades Proemisa SL, Ingeniería Verificaciones Electromagnéticas y Mantenimientos SL y Prodaemi SL, todo ello con la finalidad de dar cierta apariencia de realidad a las comisiones ilícitas cuya entrega había exigido el que fuera gerente de Emarsa a los administradores de estas sociedades".
Por último, la tercera vía de entrada de dinero fue el desvío de fondos por la retirada de lodo y desbaste. Para explicar cómo lo hacían, los jueces explican cuál era el esquema de composición del lugar de dónde se sacaban los lodos y el desbaste: "El sistema de saneamiento y depuración de Pinedo está compuesto por la EDAR de Pinedo 1, Pinedo 2 y Pinedo 2 Ampliación o Pinedo 3, las cuales tratan la mayor parte de las aguas residuales generadas en la ciudad de València y su área metropolitana".
Apuntan que "la entrada en funcionamiento de la ampliación de Pinedo 2 (Pinedo 3), en cuanto que supondría un mayor grado de depuración de las aguas y, por ende, una mayor producción de lodos, fue aprovechada por los acusados, Juan José Morenilla, Ignacio Bernácer, Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal para incrementar el precio unitario de la partida de gestión agrícola de los lodos incluida en la financiación que la Epsar concedía a Emarsa e introducir a una empresa intermediaria que facturase a ésta dicha gestión cobrando por ello este nuevo precio unitario marcado por los responsables de Epsar, Emarsa y Emshi en la oportuna comisión de seguimiento, cuando la realidad era que el coste real del servicio ascendía a menos de la mitad de este nuevo coste por tonelada".
Y sobre este hecho apostillan que, a principios del año 2005, estos acusados "eran conscientes de que esta nueva etapa podría abrir un periodo de incertidumbre para los técnicos de Pinedo en relación con las consecuencias que generaría la implantación del sistema biológico, y aprovecharon esta situación para ejecutar el plan ilícito de desvío de fondos públicos".
Por si esto fuera poco, no solo sacaban dinero para ellos a través de tarjetas de crédito, sino que además se gastaron más 800.000 euros en viajes particulares, comidas y cañas, obsequios, lotería, invitaciones al club náutico o la compra de artículos de lujo que se pagaban empleando los fondos públicos que tenía la empresa en la caja de tesorería.
José Ignacio Roca Samper, que estuvo huido y fue detenido en Moldavia y actualmente está en prisión provisional, ha sido condenado a seis años y un día por colaborador necesario de un delito de malversación, la misma pena al también empresario Enrique Sena, mientras que al empresario Vicente Ros le impone seis años y seis meses.
Con cuatro años y medio han sido condenados el administrador de algunas mercantiles, como Daniel Calzada y el exconcejal del PP de València Juan Carlos Gimeno, mientras que el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer ha sido condenado a tres años y seis meses, y Mari Paz García, administradora de algunas empresas, a tres años.
El resto de procesados han sido condenados a penas que van desde los dos años y seis meses a los nueve meses, según la sentencia, que fija una indemnización conjunta y solidaria por importe de 23,5 millones de euros para Cuesta, Crespo y Arnal; de 13 millones para Morenilla, Bernácer, Roca Samper, Ros y Sena, y de 7,2 millones para Sebastián García y su hermana María Paz, entre otras cantidades.
