La Fiscalía cree que Crespo evitaba "cualquier tipo de control" sobre la gestión de la entidad

VALÈNCIA. (EP). La Fiscalía de Valencia considera que el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, evitaba "cualquier tipo de control" sobre la gestión de la empresa pública Emarsa. A él le solicita una pena de 20 años de prisión --seis más de los que le reclamaba inicialmente-- por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.

El ministerio público ha comenzado este lunes a exponer sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados.

Sobre Crespo, el ministerio público ha advertido de que "gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa". Así, como justificación de un desequilibrio patrimonial, el acusado "hacía creer a los funcionarios de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y miembros del consejo de administración de Emarsa que el problema traía causa de una financiación insuficiente por parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), explicación que no se ajustaba a los datos que reflejaban las cuentas de la empresa", ha dicho.

Así mismo, considera que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y el ex director financiero Enrique Arnal, previo concierto con el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de del Departamento de Explotaciones de esta última entidad, Ignacio Bernácer, "valiéndose todos ellos de una posición de dominio y control", diseñaron un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación de Pinedo.

"El plan defraudatorio consistía en que la empresa o empresas intermediarias buscadas por los acusados se colocaría artificiosamente entre la facturación que Emarsa debía recibir del verdadero gestor de los lodos, emitiendo su propia facturación mendaz e incrementada injustificadamente, simulando la prestación del servicio gestión agrícola de los lodos al precio establecido desde la Entidad de Saneamiento, aproximadamente", ha expuesto.

Abonadas por los responsables de Emarsa las facturas que recibían de la intermediaria --ha proseguido--, "el responsable de esta mercantil pantalla procedería al cobro de las mismas, debiendo entregar la diferencia del precio cobrado y el coste real del servicio a los acusados, previo descuento de la oportuna comisión", ha aseverado.

Viajes y comidas

La fiscal también se ha referido a un desvío de fondos para viajes particulares y comidas, y ha narrado que Cuesta y Arnal, "haciendo un uso abusivo de los cargos que ocupaban en la empresa pública, en el periodo comprendido entre 2004 y 2010 contrataron con la mercantil Viajes Benimàmet SL múltiples viajes personales, que disfrutaban en unas ocasiones solos y, en otras ocasiones, acompañados de amigos y familiares".

"Dichos viajes fueron abonados con los fondos públicos que Epsar y Emshi ingresaban a la empresa pública Emarsa para hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento de la EDAR de Pinedo, hecho que era plenamente conocido por estos dos acusados". Cifra estos costes totales en 262.934,11 euros.

Las penas

Tal y como adelantó Valencia Plaza, Fiscalía requiere un incremento de la pena para Esteban Cuesta de 12 a 24 años de prisión, y para Enrique Crespo de 14 a 20 años. A estos dos acusados les reclama más pena al dividir en dos los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales. Esto es, les atribuye los mismos delitos dos veces porque se cometieron en dos lugares distintos: Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar).

Para José Juan Morenilla, rebaja la pena de prisión de 14 años a 10, mientras que para el exjefe de Explotaciones de la misma entidad la deja en tres años y seis meses después de que éste admitiera los hechos que se le atribuían y devolviese parte del dinero desviado.

Otros acusados que han conseguido una rebaja en la pena requerida por la fiscal son Santos Peral, exjefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de València, para el que reclama nueve meses y un día de cárcel sustituible por una multa de 3.360 euros; e Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, que se enfrenta a la misma pena que Santos Peral.

Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se enfrenta a 10 años de prisión; Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, a dos años y medio; y Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, a cinco años de cárcel.

Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, la Fiscalía solicita ocho años de prisión; para María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín', dos años y medio; para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, cinco años; para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis, 10 meses y tres días de cárcel; para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua, siete años; y para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel.

Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, se enfrenta a 11 meses de prisión; igual que Leonor Moreno, abogada de la entidad y Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada. Así mismo, Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se enfrenta a cinco años de prisión; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, a siete años; y José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, a un año y nueve meses.