VALENCIA. Un vuelco en el Caso Tele 7. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, a instancias del Ministerio Fiscal, deja sin efecto el sobreseimiento del denominado Caso Tele 7 acordado en noviembre de 2016 y, en su lugar, acuerda la continuación de la investigación de las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dosgrupos de televisión. Por ende, se reabre la querella que el exalcalde socialista José Manuel Orengo y el exconcejal Vicent Mascarell presentaron, inicialmente, contra Arturo Torró, Víctor Soler y José Codina y que más tarde se amplió a otras personas.
Según la argumentación de la fiscalía presentado al juzgado número 3 de Gandia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, ve indicios que “revisten caracteres de poder ser constitutivos, indiciariamente, de un delito de prevaricación pública y de un delito de malversación de caudales públicos” por lo que se impide “el sobreseimiento de las actuaciones acordado en el Auto impugnado”.
En consecuencia, siguen investigados por esta causa Arturo Torró, ex alcalde de Gandia, el director y administrador de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL (IEM), José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch respectivamente y al técnico redactor de las bases del concurso, Juan Antonio Juárez. Además de los miembros del Partido Popular de Gandia Javier Reig, el entonces vicepresidente de IPG; Antonio Abad, el entonces miembro del Consejo de administración de IPG, y la asesora Cristina Serrano, redactora de algunos de los informes a la adjudicación de esa ayuda.
Ahora, y siguiendo las instrucciones del ministerio fiscal, se solicita también la declaración judicial en calidad de investigado a Ricardo Manuel Faura Vidal, quien fuera administrador único de Comarques Central Televisió, con sede en Xàtiva y propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia y detenido en la operación Taula, Alfonso Rus.
Cabe recordar, además, que Ricardo Manuel Faura firmó un contrato con el Alcalde de Gandia, por el cual asumía la exigencia de Arturo Torró de "no emitir programación de carácter político de la ciudad de Gandia" y que en todo caso, tendría que consensuar con el ayuntamiento la programación de temática política a emitir”. Así, al rescindir el contrato, el Ayuntamiento de Gandia, acabó pagando casi 500.000 euros por dejar de emitir.
Los hechos que se investigan se remontan a 2012, coincidiendo con el cierre de Gandia TV, la emisora municipal con más de 20 años de emisiones, y cuando el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas. Las beneficiarias de la adjudicación, realizada a través de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) — hoy en proceso de liquidación — fueron Comarques Centrals Televisió S.L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7). Fueron, además, las únicas en presentarse al concurso.
El contrato estipulaba que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cada una a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Una prórroga del contrato otorgado por 3 años, elevó la cuantía de la concesión a 4 millones de euros más. En total, más de 7 millones entre las dos beneficiarias.
