La Fiscalía mantiene la petición de diez años de inhabilitación contra el exgerente de Epsar

VALÈNCIA. El juicio contra el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla, acusado de un delito de prevaricación por, presuntamente, contratar a dedo a cinco personas, ha quedado este lunes visto para sentencia.  La Fiscalía no ha modificado su petición de pena y solicita para él diez años de inhabilitación.

La representante del Ministerio Público parece ser que no se creyó la versión que dio Morenilla cuando comenzó el juicio. El acusado explicó a principios de mes al tribunal que la depuración de las aguas residuales es un tema esencial para la salud de las personas, "que había mucho trabajo pues se trabajaba hasta los fines de semana y él entraba a las seis de la madrugada. Que eran los jefes de departamento quienes le transmitían las necesidades en materia de trabajadores. Que él como gerente no podía ni contratar ni despedir, que eso era función del Consejo de Administración, que presidía el conseller". Morenilla afirmó con toda rotundidad que "no es cierto" que él interviniera en la contratación de estás cinco personas.

Según la calificación de la fiscal del caso, el exgerente creó desde el año 2005 cinco puestos de trabajo pese a que "la creación de puestos de trabajo nuevos requería la autorización de la Dirección General de Presupuestos y Gastos". Entre los años 2009 y 2013 "se le requirió para que retrotrajera las actuaciones no autorizadas, y que remitiera un informe justificativo del abono de las retribuciones no autorizadas a los ocupantes de los puestos".

Explica el Ministerio Público en su escrito de acusación que Morenilla "consintió omitiendo y obviando de forma grosera, y patente, los requisitos legales para proceder a la creación y abono de puestos de trabajo, infringiendo gravemente la Ley de Presupuestos de la Generalitat", y le recuerda la fiscal que "los interventores le requerían cada año auditado, la autorización del Consell para la creación de los citados puestos". Eso sí, la fiscal reconoce que el trabajo sí que se realizó.

Culpar a difuntos

Una de las estrategias de defensa utilizadas por Juan José Morenilla fue responsabilizar de sus actos a personas fallecidas que no pueden ser acusadas ni, obviamente, desmentir sus afirmaciones.

Explicó que tras recibir de los jefes de departamento las necesidades que había, fue el Consejo de Administración de Epsar quien tomó la decisión de contratar más personal. En cuanto a las reclamaciones de la intervención, asegura que hasta el año 2010, los contratos son del 2007, no tuvo conocimiento de que habían llegado cartas reclamando que se retrotrajeran los contratos.

Según su versión habló "con el entonces conseller Juan Cotino y se decidió no despedir a nadie porque los despidos podrían haber supuesto la paralización de las depuradoras". Esta decisión fue notificada a la Dirección General de Presupuestos, pero "nunca contestaron".  Cuando fue preguntado al respecto del año en que se enteró de que habían llegado varias misivas, Morenilla explicó que Luis Navarro, la persona que las recibía, le dijo que "no era necesaria la aprobación de Hacienda para contratar". 

El problema para todos los presentes fue que no se pudo contrastar la versión del exgerente con la de Navarro, ya que éste falleció hace unos años. Tampoco se pudo citar conseller anterior a Cotino, que era José Ramón García Antón, por el mismo motivo. Pero pese a todo, la fiscal del caso parece no haber dado ningún tipo de credibilidad a estas palabras, pues la pide que pide sigue siendo la misma.

El juicio por la Epsar no será la única cita judicial para Morenilla, ya que en mayo se sentará en el banquillo de los acusados dentro de la pieza principal por el presunto saqueo de la depuradora Emarsa.