Pequeños accionistas del Banco de Valencia también piden el procesamiento y añaden el delito de estafa
VALÈNCIA. Eran malos tiempos para todos. Despidos, deshaucios y la acampada al Sol en la céntrica plaza madrileña. Un presidente de Gobierno que dimite. La crisis estaba en su apogeo en 2011 y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dio el pistoletazo de salida para el rescate de la banca valenciana, comenzando por el Banco de Valencia, que terminaría con un rescate milmillonario que estamos pagando todos los ciudadanos con el dinero de los impuestos que se detraen de los servicios públicos. Un año después, y tras el imperativo rescate bancario ordenado por Bruselas a Mariano Rajoy, comienza la operación salvamento de Bancaja, la joya de la corona de las cajas de ahorro valencianas.
La fiesta la pagamos entre todos, pero algunos de los que la disfrutaron hoy están pendientes de procesamiento por la Audiencia Nacional por un delito de estafa y otro de administración desleal. Son parte de la cúpula del Banco de Valencia y de Bancaja, y empresarios valencianos como la familia Calabuig, quienes de 2009 a 2012 ejecutaron, según se desprende del relato del fiscal, un pelotazo urbanístico con la compraventa de acciones de una sociedad inmobiliaria, Costa Bellver, que les reportaron beneficios millonarios. Hoy se enfrentan a penas que pueden llegar a los cuatro años de cárcel.
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha pedido la apertura de juicio oral contra la cúpula de Bancaja y la familia Calabuig, propietaria de de Aguas de Valencia, al considerar que hay indicios de delito de administración desleal en los directivos de la banca, con cooperación necesaria de los Calabuig.
El fiscal señala como responsables del delito de administración desleal al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y al ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo, y como cooperadores necesarios, a la familia Calabuig. Se trata de los hermanos Eugenio, Enrique, Celia, Pedro y María Mercedes Calabuig Gimeno. También señala con el mismo delito al ex consejero delegado de Bancaja Habitat José Cortina y al exdirectivo de Bancaja Manuel Setién.
La pena prevista para estos delitos -que el fiscal deberá concretar en caso de que se abra juicio oral- es, según el Código Penal anterior a 2015, que es el que se les aplicaría, de prisión de seis meses a cuatro años, o multa de hasta el triple del beneficio obtenido, tanto para los autores como para los cooperadores necesarios.
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que presentó la primera denuncia en febrero de 2012, solicita además que sean juzgados por el delito de estafa, con la misma pena, Parra, Izquierdo y los Calabuig, y considera al resto cooperadores necesarios.
La crisis tenía nombres y apellidos, y ahora están pasando por los juzgados. Directivos de bancos que compartían acciones y negocios con sociedades de inversión y con inmobiliarias, que repartían dinero y se repartían acciones. A uno y otro lado de la ventanilla. Eran los gloriosos años del ladrillo. Domingo Parra actuaba al unísono como consejero delegado del Banco de Valencia y como consejero de la sociedad de cartera Inversiones Financieras Agval, propietaria de la mayoría accionarial de Aguas de Valencia. Agval estaba participada al 50% por Banco de Valencia y los Calabuig.
Según el fiscal, entre 2007 al 2011, mientras ejercía ambos cargos, Parra llevó a cabo una "operación irregular", la compra de la inmobiliaria Costa Bellver. Esta sociedad estaba participada en un 43% por Fucsa, sociedad de los Calabuig, quienes personalmente adquirieron a principios de 2009 acciones que poseía la familia fundadora, los Bordils.
Según la Fiscalía, Costa Bellver fue adquirida a mediados de 2009, en pleno hundimiento del sector inmobiliario, por Agval a un precio de 80.044 euros la acción, cuando los Calabuig las habían adquirido por un valor medio de 30.664 euros. Así, se "beneficiaron económicamente de forma injustificada" los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa, perjudicando a Agval y al Banco de Valencia.
Pese a la normativa interna bancaria, Parra y la familia Calabuig, integrantes del Consejo de Administración de Agval, aprobaron la operación de compra de Costa Bellver sin ninguna supervisión bancaria "beneficiando de forma fraudulenta a la vendedora", según la Fiscalia. Domingo Parra no comunicó a su banco que estaba realizando esta operaciones como consejero de Agval, mientras que los Calabuig votaron a favor de la compra a pesar de que tenían un conflicto de intereses, al ser ellos los vendedores.
Días después de la operación con Agval, Bancaja Habitat compró otro paquete accionarial de Costa Bellver a un precio muy superior al pagado por sus acciones poco antes. Bancaja Habitat llegó a ostentar el 46,4% de dicha empresa pagando un 195% más del valor pagado por Fucsa y Mercedes Calabuig dos meses antes, "sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento del precio de la acción".
Esa operación la "ordenó y permitió" Aurelio Izquierdo a través de los directivos José Cortina y Manuel Setién. Este último firmó las compras como apoderado sin que fueran analizadas por el Consejo de Administración de Bancaja ni por un órgano tasador, que habría comprobado un precio por acción "muy superior al real", según la Fiscalía. Así lo demuestra, añade el escrito, el informe pericia del Banco de España realizado en 2017.
Con estas operaciones, Parra e Izquierdo beneficiaron a la familia Calabuig Gimeno y a Fucsa, perjudicando a las entidades bancarias, según la acusación. El daño para Agval y el Banco de Valencia se calcula que fue de 5,5 millones de euros. El perjuicio para Bancaja ascendió a 25,25 millones, según un informe pericial. Bankia, heredera de Bancaja, reclama una indemnización por este perjuicio, mientras que Caixabank, que se quedó con el Banco de Valencia, no reclama por ello, tras haber logrado 90 millones de euros con la venta a los Calabuig del 50% de Agval que heredó del Banco de Valencia.
Curiosamente y en pleno proceso judicial, los Calabuig recompraron en 2016 a Bankia la parte que había comprado Bancaja Hábitat. Con el acuerdo de finales de 2012 entre la Comisión Europea y el Gobierno de España para el rescate bancario, se acordó la obligada desinversión de las entidades recapitalizadas, obligando a vender las participaciones no estratégicas, como fue el caso de Costa Bellever, y todo ello sometido a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
La venta se produjo en 2016 cuando, ejerciendo el derecho de adquisición preferente tras la adjudicación a una empresa británica, Fucsa recompró a Bankia estas acciones de Costa Bellever en poder de Bancaja Habitat, a 1.293 euros por acción, por un total de un millón de euros. Dado que Bancaja Hábitat pagó 65 millones de euros en 2009 a los Calabuig, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri reclama en esta causa 64 millones de indemnización.