VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa por las adjudicaciones de las obras del circuito urbano de Fórmula Uno en la que recientemente han sido procesados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, su ex vicepresidente Vicente Rambla y su exconseller de Infraestructuras Mario Flores, junto a otras trece personas.
De esta forma, el Ministerio Público modifica su criterio y solicita el archivo al apreciar que no existen indicios de delito o que, en todo caso, éste habría prescrito. Es una de las causas que el fiscal Anticorrupción Vicente Torres, que llevaba la acusación, ha tenido que ceder al incorporarse como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
La Fiscalía considera que no hay indicios de la comisión de los delitos de malversación y prevaricación agravada, único tipo que permitiría continuar adelante con la investigación, por tener un periodo de prescripción más amplio.
En cualquier caso, obra en la causa un informe de la Intervención de la Generalitat que deja patente que la construcción de dicho circuito no supuso perjuicio económico alguno para la Administración autonómica.
La jueza instructora acordó recientemente iniciar procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores al entender que había indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra el expresident como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias.
El fiscal anticorrupción considera que no existiría malversación en el montante total de la construcción del circuito urbano, una actuación que según la jueza que instruye el caso supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008.
Sin embargo, el fiscal Pablo Ponce, que se hizo cargo del caso después del nombramiento de Vicente Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no aprecia delito en el dinero destinado a la construcción del trazado y, en caso de que sí lo hubiera en los aproximadamente 120.000 euros por los que acusaba Torres, estaría ya prescrito.
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València, en un auto de principios del mes de mayo, decidió procesar a Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. La magistrada sostenía en esta resolución que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.
Sobre el exjefe del Consell, la jueza sostenía en el auto que "ideó, planificó, impulsó y dirigió" la construcción del circuito urbano de la F1 -"con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat- "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares".
La jueza defendía en su escrito que las diligencias practicadas revelan indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias. Ahora el fiscal anticorrupción solicita el archivo del procedimiento y será la acusación particular, la Generalitat, la que deberá pronunciarse.
En lo relativo a las investigaciones alrededor del Gran Premio de F1 que se celebró en València, el Juzgado de Instrucción número 2 ya acordó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente de la Generalitat relativa a las negociaciones para la organización de la carrera a través de Valmor Sports SL y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.
Por tanto, en caso de archivarse la causa relativa a la construcción del circuito, sería la segunda pieza que acaba en sobreseimiento para Camps. Queda, sin embargo, otra investigación abierta también en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital valenciana.
"La postura del Consell es que trabajaremos para recuperar el dinero que ha sido saqueado de las arcas públicas. Cualquier decisión del Consell irá en esta línea", explicó Mónica Oltra en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.
Oltra ha señalado cuestionada sobre si se presentará escrito de acusación que la estrategia a seguir "la definirá Abogacía de la Generalitat", al tiempo que aseguró que no indicará "cuál va a ser la estrategia que debe decidir Abogacía", pero en cualquier caso "la intención es trabajar por que se devuelva el dinero público saqueado".
Por su parte, la consellera de Justicia en funciones, Gabriela Bravo, ha señalado: "Respeto el trabajo de fiscales y las decisiones de los jueces aunque algunas veces no las comparta".
Con todo, ha aclarado que no puede opinar sobre esta decisión porque no conoce "el asunto en profundidad" ni los motivos de Fiscalía para pedir el archivo y, por tanto, no tiene "una opinión jurídica" para poder analizarla.