La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Joan Ribó por no dar información al PP

VALÈNCIA. El fiscal de la causa abierta contra el alcalde de València, Joan Ribó, por no entregar durante 220 días al PP municipal un expediente relativo a la encuesta fallera ha solicitado el archivo de las actuaciones en las que Ribó estaba imputado. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público envió su escrito tras escuchar la declaración del secretario municipal en la que descargaba de cualquier culpa al alcalde.

La causa contra Ribó se abrió tras una denuncia del asesor del PP de València Luis Salom, quien llevó al juzgado la negativa de Ribó a que accedieran al expediente y la demora final en la entrega de la citada información, lo que suponía a su juicio que el primer edil valenciano podría haber cometido delitos de prevaricación y vulneración de derechos de los concejales del PP. Tras recibir la denuncia, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 9 de València, Miguel Ángel Casañ, abrió diligencias para investigar estos hechos.

El primero en declarar fue el acusado, Joan Ribó. En su declaración judicial, el alcalde explicó que el "retraso" en la entrega de información sobre el expediente al Grupo Popular se debió a que siguió el criterio del secretario municipal, que habría recomendado no entregar esta información hasta que se resolviera el expediente sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había abierto contra el Ayuntamiento. Tras escucharle, el magistrado decidió llamar al secretario para salir de dudas y que explicara el porqué de no entregar el expediente.

Por su parte, el secretario declaró al juez y al fiscal que "nunca recibió ninguna indicación del alcalde en la tramitación del asunto", y que fue él la persona que informó en contra de que se diera el expediente al PP municipal porque "debía mantenerse la reserva del acceso a la información del grupo municipal solicitante de dicha información, en defensa de los intereses municipales". Y añadió que "que los antecedentes y datos previos no iban a ser objeto de control por parte de los órganos municipales".

A raíz de esta declaración, el fiscal redactó la semana pasada una petición de archivo porque no cree que se haya cometido ningún delito ni por parte de Ribó, ni mucho menos por parte de otras personas del consistorio valenciano. Sin embargo, la última palabra la tendrá el magistrado instructor quien se prevé que se pronuncie al respecto en los próximos días.

Una encuesta controvertida

La investigación comenzó con la denuncia interpuesta por Salom contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017. Este asesor, imputado en la parte del caso Taula conocida como el pitufeo, ha presentado en los últimos meses numerosas denuncias por actuaciones del equipo de gobierno municipal -también de otras administraciones-, algunas de las cuales han acabado en diligencias de investigación con ediles imputados.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero, encargada por la Concejalía de Cultura Festiva que dirige Pere Fuset, generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición y desde el colectivo fallero hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella. El contenido de la encuesta motivó un expediente sancionador por parte de la AEPD, cuyo contenido requirió con insistencia el PP.

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el 1 de agosto de 2017 y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València, entre mayo y junio de 2017. Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran "absolutamente razonables" y que la polémica se trataba de "una tormenta en un vaso de agua".