VALÈNCIA. El caso Tele 7, por el que se investigan las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dos grupos de televisión local, vuelve a la actualidad política tras conocerse que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, a instancias del Ministerio Fiscal, ha solicitado la apertura de Juicio Oral ante la Audiencia Provincial contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura, quien fuera el administrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió. A ambos se le atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la juez procede a imponer a los acusados, Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura, la pena de ocho años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de codena y la inhabilitación absoluta durante veinte años. Además, de abonar las costas procesales. Igualmente, se insta a ambos a que abonen al Ayuntamiento de Gandia 480.000 euros (más intereses legales) por “el perjuicio causado a las arcas públicas del consistorio”.
Por otra parte, la apertura de juicio oral conlleva también la adopción de una serie de medidas. Es el caso de fijar una fianza de Responsabilidad Civil en cuantía de 4.020.000 euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente los acusados; con la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Comarques Centrals Televisió (480.000 euros). Según señala el escrito, si en el plazo de tres días no comparecen ante el juzgado, se les embargarán los bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dichas sumas o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello las correspondientes piezas de responsabilidad civil y de responsablidad civil subsidaria.
Junto al presidente del Partido Popular en Gandia y Ricardo Manuel Faura, están citados Javier Reig, José Vicente Codina, Antonio Abad, Josep Lluís Gimenez y Cristina Serrano, ex asesora del departamento de economía y hacienda del consistorio, y que fue alto cargo de la conselleria de Medio Ambiente durante los mandatos de los ex consellers Rafael Blasco, Esteban González Pons y Juan Cotino. Además, también está dirigida la acusación contra Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario.
Cabe recordar que el Caso Tele7 investiga las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dos grupos de televisión en 2012, cuando el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas a través de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), la ya extinta empresa pública de Gandia: Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7).
El contrato estipulaba que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 de euros a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Contrato que se prorrogó durante tres años y que elevaba la cuantía de la concesión a cuatro millones de euros más. Por tanto, ambas beneficiarias se llevaron un total de siete millones de euros. Asimismo, cabe recordar que al rescindir el contrato con Comarques Centrals, el Ayuntamiento de Gandia, acabó pagando casi 500.000 euros por la resolución del contrato.
A raíz de esas acciones el PSPV y con el fin de esclarecer la adjudicación de Tele 7 y su verdadera propiedad, interpuso una querella contra Arturo Torró, el portavoz del ejecutivo, Víctor Soler, y el empresario José Codina, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. Aquella querella apuntaba a que el Ayuntamiento de Gandia de 2012, a través de IPG, podría haber subvencionado a una empresa en la que Arturo Torró, entonces alcalde de Gandia, tenía intereses particulares.
De hecho, ante el juez Arturo Torró deberá para dar explicaciones sobre la titularidad y del contrato con Tele 7, que ha sido investigado por la justicia para “conocer la verdadera propiedad de Inversiones Especiales del Mediterrбneo (IEM)”. Según se puede leer en la querella interpuesta por el Partido Socialista en 2012, “hay indicios de que en esa sociedad participada Arturo Torró, a través de terceras personas a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrбs de la referida mercantil estaba su persona”. Según la documentación que en su día se entregó al juez, se trataría de José Codina, hombre de confianza del exalcalde de Gandia y quién fue el administrador único de IEM.
El exalcalde de Gandia Arturo Torró se ha mostrado tranquilo y confiado en la justicia. "Estoy tranquilo y confío en la justicia porque el gobierno de Diana Morant ya lleva diez juicios y ocho de ellos perdidos", ha expresado a raíz de la información que ha publicado el diario. Asimismo, ha recordado que " lleva 380.000 euros perdidos persiguiéndome y no sé para qué".
Asimismo, como ha detallado el propio Torró, ha enviado desde su cuenta de Facebook un mensaje a "Diana Morant y los suyos": "A quién actúa con maldad hay que desearle suerte... tarde o temprano la necesitará".
