Sergio BlascoVALÈNCIA. La Fiscalía solicitará la entrada en prisión de Sergio Blasco Perepérez, exgerente del Hospital General de València, eludible con fianza de 180.000 euros. Blasco fue detenido este jueves en València en el marco de la operación Osvaldos justo cuando se disponía a regresar a República Dominicana, el país en el que trabaja desde hace dos años. La razón por la que el Ministerio Público pide esta medida es precisamente el riesgo de fuga.
El sobrino del exconseller de Sanidad y los otros ocho detenidos en esta operación desarrollada por la UDEF bajo las órdenes del juzgado de instrucción número 6 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, están declarando desde primera hora del viernes en este juzgado de València.
La Fiscalía ha solicitado la misma medida, prisión eludible con fianza, para otros tres detenidos: Miguel Sanfélix, quien presuntamente actuaba como testaferro; Francisco José Escandell Vila; y Ana Clares. Los dos últimos eran propietarios de la empresa Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, SL., adquirida por Francisco José Blasco, hermano de Sergio Blasco y que también fue detenido este jueves.
Según ha podido saber Valencia Plaza, la Fiscalía va a ir notificando las medidas cautelares a adoptar contra el resto de los detenidos conforme vayan prestando declaración ante el juez a lo largo de este viernes.
La operación se desplegó este jueves en la Conselleria de Sanidad, el Hospital General de Valencia, varias sedes de empresas y el domicilio de los detenidos.
La investigación, según puso saber este periódico por fuentes de la investigación, se centra en dos vías diferentes. Por un lado, se ha solicitado información sobre el proyecto Abucasis, promovido por Rafael Blasco cuando era conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps. Por otro, se ha requerido toda la información sobre los contratos que la Conselleria de Sanidad firmó con un entramado de empresas vinculadas a Sergio Blasco en su etapa como gerente del Hospital General.
Esta segunda rama de la investigación surgió durante la declaración de un testigo protegido. Este testigo, que fue requerido para que explicara las presuntas corruptelas entre Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni en la adjudicación de contratos de Abucasis, comenzó a relatar presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por Sergio Blasco. En ese momento, el magistrado instructor cortó la declaración del testigo protegido y decretó la causa secreta.
