Víctor Soler y Arturo Torró.GANDIA. El sobreseimiento provisional de la investigación del caso Púnica relativa a la presunta contratación irregular de trabajos de reputación online del exalcalde de Gandia Arturo Torró a través de las empresas EICO Online Reputation Management ha sido recurrido por la Fiscalía. El archivo fue acordado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado abril, pero Anticorrupción, tal como ha podido saber Valencia Plaza, ha pedido que se revoque el auto, se deje sin efecto y continúen como acusados Arturo Torró, Víctor Soler, Dionisio Ollero y Sergio Muñoz.
Los hechos investigados se centraban en la supuesta participación de todos ellos, de forma concertada con el empresario Alejandro de Pedro, en trabajos dirigidos al presunto favorecimiento de la reputación del exalcalde de Gandia a través de las empresas EICO Online Reputation Management. Asimismo, el magistrado señalaba en su escrito que las diligencias practicadas hasta el momento permitían cuestionar la tipicidad de los hechos imputados a los investigados respecto a la presunta contratación fraudulenta de las empresas de Alejandro de Pedro.
Unas investigaciones que se iniciaron en el momento que el juez Eloy Velasco ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registrar el Ayuntamiento de Gandia en junio de 2015 y en la que se requisaron facturas del conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y el constructor Sergio Muñoz. De hecho, según un informe de la UCO, Víctor Soler tenía un papel clave en las supuestas irregularidades en el consistorio y se atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.
Sin embargo, el magistrado decía que "de la documentación se desprende que el Ayuntamiento de Gandia no llegó a abonar cantidad alguna a MADIVA, empresa respecto de la cual las facturas que se giraron fueron devueltas y no satisfechas por el Consistorio Municipal". Igualmente, señalaba que "los indicios aportados no permiten determinar, de manera inequívoca, la existencia de los presupuestos objetivos ni subjetivos de los tipos penales referidos y con ellos la intención de los investigados con su proceder, según las máximas de la experiencia".
Unas conclusiones que ahora cuestiona la Fiscalía, puesto que señala que sí hay motivos para seguir con la investigación sobre todos los acusados al existir "indicios suficientes y sólidos sobre su participación en los hechos investigados". "Nos resulta curioso que el autor de los autos atienda únicamente para motivar los archivos a las declaraciones prestadas por cada uno de los investigados, desatendiendo su propia prueba. También este auto está huérfano de valoración de los indicios recabados de las fuentes de prueba que constan en la causa, como correos electrónicos, documentación entregada o incluso las llamadas telefónicas interceptadas", expresa Anticorrupción. En este sentido, insiste en las comunicaciones entre Alejando de Pedro y alguno de los investigados ahora sobreseídos "relatando los ardides diseñados por la trama".
"También nos llama la atención", añade la Fiscalía en referencia al juez, que éste "no dé valor a la existencia de los informes de reputación personal que la empresa Eico realizaba a la autoridad concernida, que evidencian la realización de trabajos personales de reputación a cada alcalde investigado en la pieza".
Por otra parte, las defensas de Arturo Torró y de Víctor Soler han impugnado del recurso de Anticorrupción. El primero remarca que "el débil, equívoco y ambivalente material probatorio" de la Fiscalía "carece de relevancia o aptitud que permita generar un mínimo de certeza que justificase el mantenimiento y la prosecución de la instrucción". "Las pruebas practicadas acreditan la realidad de las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento de Gandia, la efectiva prestación de servicios para dicho Ayuntamiento y la decisión incluso del señor Torró de dar fina tales servicios dada la precariedad y nivel de endeudamiento en el que se encontraba el Ayuntamiento de Gandia", comenta.
Apunta, en este sentido, que "se acredita que servicios idénticos o similares venían siendo prestados para el Ayuntamiento desde como mínimo 2009 por medio de otra sociedad denominada Autoritas, circunstancia esta que prueba el propio trabajo de la UCO". "Resulta también patente que al margen de esta relación entre el Ayuntamiento y EICO, existe otra relación mercantil que nada tiene que ver con el consistorio, entre el Partido Popular de Gandia y otras sociedades mencionadas en la instrucción, constando pruebas al respecto que demuestran sin ningún género de dudas la existencia de dicha relación, su carácter previo en el tiempo y la contratación de dichas mercantiles por parte de dicha organización política", añade.
Por su parte, la defensa de Soler destaca que la Fiscalía "no aporta dato objetivo ni indiciario alguno que le permita sustentar sólidamente la imputación del mismo" ni que de ello se desprenda "la comisión de ilícito penal alguno". Además, incide en que Anticorrupción "no solicita ninguna diligencia de investigación que pueda aportar algún elemento incriminatorio" contra el presidente del PP de Gandia, "pretendiendo que se le mantenga en condición de investigado, con el consecuente escarmiento público, únicamente en base a sesgadas elucubraciones y sin pretender aportar o conseguir ningún dato novedoso en la investigación".
