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La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para el exinterventor del Consorcio de Museos por Estafa y Falsedad

El ministerio Público acusa a Rafael Parra Mateu de facturar trabajos no realizados al Ayuntamiento de Buñol dentro de la “Trama de las asesorías

2/12/2016 - 

VALENCIA. El exinterventor del consorcio de Museos y economista, Rafael Parra Mateu,  se enfrenta a dos años y cinco meses de cárcel como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad dentro de la conocida como trama de las asesorías. Esta es una de las 15 piezas separadas de las que consta la causa, en este caso se trata de la que afecta al Ayuntamiento de Buñol. 

Parra Mateu, junto con el ex secretario municipal de Canet D’Enberebguer Jose Antonio Sancho están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de ser los supuestos cabecillas de un entramado de sociedades que asesoraban a pequeños ayuntamientos por la prestación de servicios jurídicos de una empresa que supuestamente no los realizaba.

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Según el escrito fiscal al que ha tenido acceso Valencia Plaza, “el acusado Rafael Parra guiado con la intención de obtener un lucro injusto, y actuando como administrador de hecho y dueño efectivo de la sociedad Asesores Económicos Públicos,remitió una carta al alcalde de la Hoya de Buñol en la que exigía el pago de una factura por importe de 5.974 euros en concepto de supuestos servicios de asesoramiento económico prestado durante el ejercicio 2007, consistentes en la contabilización, liquidación del presupuesto y elaboración de la cuenta general de 2006”.

El representante del Ministerio Público prosigue diciendo que “para ello se crea una factura con fecha de abril de 2008 indicando que la forma de pago podía ser al contado, mediante cheque nominativo o tranferencia. Al alcalde con el asesoramiento de la secretaria municipal le indicó que los servicios de dicha factura no se habían prestado (…) y le requería para que enviara la documentación a la Sindicaruta de Cuentas”.

Pese a todos los movimientos llevados a cabo por el alcalde desde el consistorio, el fiscal afirma que Rafael Parra aún “siendo saberdor que los servicios no se habían prestado, envió un burofax a través de un abogado en 2010 al ayuntamiento indicando que debían hacer el abono de la factura por importe de 5.974 euros, o en caso contrario emprenderían acciones legales”. Según la calificación fiscal, el Ayuntamiento de Buñol finalmente no pagó dicha factura ya que según su versión, dicho trabajo nunca se realizó.

Para el acusador, “los hechos relatados son constitutivos de un delitos de falsedad de documento mercantil, en concurso con delito intentado de estafa”.

Esta presunta trama tiene otras 14 piezas abiertas, ya que el volumen de consistorios presuntamente estafados es de tal volumen que la Fiscalía se ha visto obligada a trocear la causa en múltiples piezas. Una de las más conocidas es la que terminó con la condena, recientemente ratificada por el Tribunal Supremo,  de la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, y el ex secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, por cohecho.

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