Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. El encierro de trabajadores de Lafarge en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto parece surtir efecto. Tras dos días de protesta, los empleados de la cementera radicada en la localidad han logrado que el Consell acelere los plazos para dar una solución a la explotación minera de la empresa, cuyos permisos precisan una pronta renovación.
Los movimientos de la administración los revelaba este jueves en su blog personal el Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, que explicaba que el miércoles, el primer día de concentración de los trabajadores, recibió "una petición de entrevista del Ayuntamiento de Sagunto para tratar la cuestión".
"En los próximos días va a reunirse la comisión técnica con diferentes departamentos de la Generalitat, desde Medio Ambiente a Economía pasando por Obras Públicas", explicaba al respecto el dirigente. "Es un tema del que me he ocupado muchas veces a lo largo del año y medio que llevamos de Gobierno y que ha ido avanzando, más lentamente de lo que yo esperaba, durante todo este tiempo", agregaba.
"Estamos ya en la fase de cerrar el periodo de ampliación de la actual cantera del Salt del Llop. Los plazos se sitúan entre 18 y 25 años más, aunque lo que queda de material a extraer da para mucho menos. La otra cuestión clave es qué alternativas se da a la empresa para su continuidad protegiendo la zona del bosque de Romeu", concretaba además Julià Álvaro.
En efecto, el conflicto por la explotación minera de Lafarge está en vías de solución. Generalitat, Ayuntamiento y empresa han acordado que la cantera no será ampliada en la montaña de Romeu y que se trasladará lo antes posible a la zona de El Piñal.
No obstante, el tira y afloja se centra ahora en el tiempo que permanecerá en la zona actual hasta su traslado. En este sentido, los trabajadores consideran que la administración ralentiza los permisos necesarios para su continuidad como método de chantaje en las negociaciones.
Los empleados permanecen encerrados desde la noche del pasado martes como medida de presión y "a la espera a que el alcalde dé respuesta" a las preguntas formuladas por el colectivo en el pleno municipal.