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regula las entidades colaboradoras de la Administración municipal PARA VERIFICAR actuaciones urbanísticas
La Generalitat aprobará este viernes el decreto para agilizar las licencias urbanísticas
Construcción. Foto: EDUARDO MANZANA
11/05/2020 -
VALÈNCIA (VP). El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha anunciado que el Consell aprobará en el Pleno de este viernes, 15 de mayo, el decreto que regula las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas, conocidas como ECUV.
Según ha explicado el conseller, la ECUV "permitirán a muchos ayuntamientos de toda la Comunitat y en especial a ayuntamientos grandes, como es el de València, agilizar todos los trámites administrativos para aprobar las licencias urbanísticas".
Arcadi España ha destacado que el objetivo "es aliviar la situación y agilizar la tramitación de licencias de obra, facilitando así las inversiones que impulsen el crecimiento económico y del empleo de la ciudad de València".
Se trata, ha indicado Arcadi España, de una "herramienta fundamental para revitalizar el sector y contribuir a que no ocurra como en la actualidad, que muchas veces cuesta más la tramitación de una licencia que la propia construcción".
Las funciones de estas entidades será verificar que las actuaciones urbanísticas se ajusten a la normativa técnica de edificación y, si previamente se obtiene cédula de garantía urbanística, que se ajustan a la legalidad urbanística y al planeamiento.
De esta forma, ha señalado el conseller, se libera a los servicios técnicos municipales de la carga de trabajo que conlleva esta tarea y que tiene bloqueado a muchos ayuntamientos que no pueden otorgar licencias de obras con la agilidad que se le reclama a la administración.
Las entidades colaboradoras podrán intervenir tanto en el procedimiento de licencia de obras municipal como en las actuaciones urbanísticas previstas en el artículo 214 de la LOTUP que podrán pasar al régimen de declaración responsable.
Agilización, simplificación y garantía
Para el conseller de Política Territorial, "este novedoso instrumento administrativo permitirá agilizar y simplificar los procedimientos, a la vez que garantiza la autonomía local, puesto que el contenido de los certificados de las entidades colaboradoras no limita ni excluye las actuaciones municipales de verificación, comprobación o inspección, ni respecto a las declaraciones responsables ni a los procedimientos de licencia".
El decreto establece un régimen estricto de habilitación para el ejercicio de la actividad y de incompatibilidades. Además, con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por estas entidades, la Dirección General de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad.
Para el ejercicio de las funciones que regula el decreto, las entidades colaboradoras deberán habilitarse mediante la inscripción en el Registro de entidades colaboradoras de verificación y control de actuaciones urbanísticas (RECUV).
Previamente, tendrán que cumplir determinados requisitos como estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), tener subscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, y disponer de un Plan de Igualdad en los términos y con el alcance previsto en la legislación estatal y autonómica.
Asimismo, se establece un régimen transitorio por el que las entidades inscritas en Registro General de Entidades de Control de Calidad de la Edificación que tengan como ámbito de actuación la verificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y otra normativa aplicable, y las entidades inscritas en cualquier registro público que habilite para el ejercicio de funciones de verificación y control de actuaciones urbanísticas podrán ejercer las funciones previstas en el articulado de este decreto durante un periodo de 6 meses desde la entrada en funcionamiento del RECUV.
La Comunitat Valenciana es una de las primeras autonomías que regula estas entidades con un régimen muy concreto, cuya aplicación no requiere un desarrollo reglamentario por parte de los entes locales.