María José Salvador. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA,. (EUROPA PRESS). La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha avanzado este jueves que, desde que entrara en vigor hace un mes la Ley por la Función Social de la Vivienda, las oficinas InfoHabitatge que se pusieron en marcha en las tres provincias han asistido y asesorado a 247 personas en materia de vivienda. De ellas, seis eran personas afectadas por un proceso de desahucio que se resolvieron a través de la mediación de la administración con las entidades bancarias o particulares. "Hemos venido a resolver los problemas de la gente y lo estamos haciendo", ha enfatizado la consellera.
Salvador se ha pronunciado en estos términos en los pasillos de las Corts en donde ha destacado que, además, estas oficinas han recibido más de 100 consultas relacionadas con personas que necesitaban acceder a un alquiler, lo que, a su juicio, demuestra que "la ley funciona y es útil". "Tenemos una clara convicción y una clara apuesta por situar a esta autonomía en la vanguardia y modernidad en materia del derecho a a la vivienda", ha enfatizado.
Por otro lado, Salvador ha avanzado que su departamento ha aceptado sentarse con el Gobierno en una comisión bilateral para abordar cuestiones que contempla la ley que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy considera "inconstitucionales". "Vamos a sentarnos a negociar con el Gobierno de España, pero hay que tener en cuenta que las cuestiones que nos han puesto encima de la mesa afectan a los elementos esenciales y básicos de la ley", ha puntualizado.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno cuestiona la consideración de la vivienda como el derecho subjetivo que significa que "las administraciones tengamos la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda a personas que lo necesitan", ha explicado Salvador para quien esta cuestión es "fundamental" porque "el derecho a un techo está reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución española". "Estamos trabajando para que la vivienda esté entre los pilares del Estado del Bienestar como está la sanidad, la educación o las pensiones", ha reivindicado.
De igual modo, ha señalado que el Gobierno ve "inconstitucional" el proceso de mediación que recoge la norma y que permite a las administraciones sentarse a negociar con entidades bancarias y particulares para llegar a un acuerdo y "evitar que las personas pierdan su casa".
"Nosotros nos sentaremos a hablar, pero tenemos claro cuáles son los elementos esenciales de esta ley y los vamos a defender con argumentos. El gobierno de Rajoy actúa como el perro del hortelano porque ellos ni tienen una auténtica ley de segunda oportunidad para garantizar este derecho y evitar los desahucios ni nos dejan a las CCAA que demos este paso valiente y sincero para que lo regulemos", ha lamentado Salvador.
Por ello, ha avisado al presidente del Gobierno que si el Gobierno no regula lo tendrán que hacer las autonomías. "Tan vinculante es la Constitución para el Gobierno de España como para nosotros el Estatuto de Autonomía y la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Políticos donde se recoge este derecho que la administración tenemos el deber de proteger", ha zanjado Salvador.
