VALÈNCIA. (EP) La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de los dos hijos de la joven que, siendo menor tutelada por la administración valenciana, sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de la exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la decisión.
Los niños, de seis meses y dos años, tras una actuación en coordinación con Fiscalía de Menores, se encuentran en un centro de recepción de la Generalitat, según las fuentes consultadas.
La situación se produce después de que, a principios de este año, el menor de los hermanos, de seis meses, diera positivo por cocaína, motivo por el que tuvo que ser ingresado en un hospital. El padre, de 20 años, fue detenido y quedó en libertad con medidas cautelares, que incluían la suspensión del derecho a ejercer la guarda y custodia y prohibición de régimen de visitas del pequeño.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, afirmó entonces que se había seguido el protocolo establecido en relación con el bebé y que Servicios Sociales y Fiscalía de Menores actuarían a continuación.
En ese momento, según informaciones publicadas, la madre de los dos menores, que ya no mantenía relación con el padre, no estaba con los niños puesto que se encontraban con el padre y familiares de este, que habían asumido su cuidado cuando el pasado verano, desde Servicios Sociales, se alertó de una posible desprotección.
En concreto, trascendió que Fiscalía de Menores había abierto un expediente por posible situación de desprotección del primer hijo de la joven, que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Oltra, condenado a cinco años de prisión por estos hechos, una sentencia recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Desde la Conselleria de Igualdad --cuando aún estaba dirigida por Oltra--, ante la sospecha de que el bebé pudiera encontrarse en situación de desprotección, inició los trámites y lo puso en conocimiento del Ministerio Público para que se investigase, por lo que Fiscalía incoó un expediente, un procedimiento ordinario cuando se piden informes para comprobar la situación.
La alerta por la posible situación de desprotección del menor se inició a raíz de las conclusiones de un informe de la Mancomunidad de la Ribera Alta. Entonces, por la información recabada, no se apuntaba a que el niño se encontrara en situación de desprotección.
