VALÈNCIA. El aval público para la ampliación de Feria Valencia, que puede acabar costándole a la Generalitat hasta 1.027 millones de euros, se formalizó sin un informe previo de viabilidad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El actual director de este ente, Manuel Illueca, aseguró este jueves en su comparecencia en la comisión de Les Corts para investigar la gestión del recinto no tener constancia de que los técnicos del organismo hubieran analizado los riesgos antes de diseñar la financiación.
La financiación de las inversiones asciende a 587,1 millones de euros y está estructurada en dos fases con aval y subvención públicos. De ellos, aún quedan por pagar 488 millones. Esa deuda será asumida próximamente por la Generalitat para permitir que la empresa de mayoría privada que explotará el recinto arranque sin el lastre de la deuda.
Illueca calificó la operación suscrita por sus antecesores de "ruinosa". Desde 2009, año en que Feria Valencia dejó de realizar aportaciones para pagar esa deuda, la Generalitat abona más de 30 millones cada ejercicio para atender los vencimientos de los créditos.
Según explicó el director del IVF, cuando en 2002 se firmó el plan de modernización de Feria Valencia "el dinero fluía fácilmente y quien tomó la decisión pensaba que era un proyecto rentable, pero el tiempo ha demostrado que no". "No digo que no haya (informes), solo que no los conozco", respondió Illueca a las preguntas de la diputada Teresa García (Compromís) sobre si se analizó el riesgo de la operación.
No obstante, Illueca insistió en separar la actuación del actual Consell y el Ayuntamiento de Valencia para reflotar Feria Valencia de la, a su juicio, necesaria búsqueda de los responsables de decisiones que han tenido un coste público que calificó que "auténtica barbaridad".
Por su parte, Luis Martí, actual secretario general de Feria Valencia, explicó las decisiones que los nuevos responsables del recinto tuvieron que adoptar algunos estropicios heredados de los anteriores gestores del recinto. Una de las más sonadas fue la demanda contra el PP por el impago del congreso nacional celebrado en sus instalaciones en junio de 2008.
El juicio oral por el impago del alquiler del espacio y la organización del cónclave, por el que el recinto le reclama más de 580.000 euros a los populares, se celebrará el próximo 14 de marzo.
Según desveló Martí, en los últimos cuatro años se han producido más de 200 demandas cruzadas entre Feria Valencia y sus clientes o proveedores por un importe conjunto de 5 millones de euros. "A todo el que debía dinero, lo hemos demandado", subrayó Martí.
De todos ellos, la de mayor cuantía es la demanda presentada contra la empresa Toyoland por el impago de 800.000 euros del alquiler de uno de los pabellones de Feria Valencia para abrir una tienda de muebles y decoración, una deuda que el recinto ya tiene provisionada porque la da por perdida debido a la insolvencia del demandado.
Además, el directivo aseguró que por el momento no se ha planteado la posibilidad de presentar una demanda civil contra los anteriores gestores de Feria Valencia por su responsabilidad en la quiebra del recinto, aunque no descartó que ello se pueda producir si lo aprueban los órganos de gobierno de la Feria.
Natxo Costa, director general de Comercio y Consumo de la Generalitat, fue más contundente a la hora de valorar posibles acciones contra los anteriores gestores de Feria Valencia, con el expresidente Alberto Catalá al frente.
Al respecto, se refirió al informe publicado por Valencia Plaza en el que la Intervención de la Generalitat, como perito de la Fiscalía Anticorrupción, acreditó la existencia de sobrecostes en las obras de ampliación del recinto y el pago de 17 millones de euros por unos proyectos que en realidad debían ser abonados por las constructoras.
"Por la prensa sabemos que existe un informe y lo hemos pedido para ver de qué forma nos da pie para ver qué se puede recuperar todo lo que se pueda", aclaró.
Además, Costa criticó que el recinto, ya dentro del proceso para redefinir su estructura, encargase un informe previo y un borrador de sus nuevos estatutos al despacho Brosera por el que pagó 90.000 euros. "No digo que fuera ilegal o delictivo", dijo Costa, quien sí cuestionó el coste del trabajo a la vista de su resultado.
El actual secretario general de Feria Valencia, Enrique Soto, aseguró por su parte que, si se demuestra finalmente que el recinto abonó 17 millones al estudio de arquitectura que diseñó la ampliación pero realmente eran las constructoras quienes debían correr con ese gasto, la institución "intentará recuperarlos".
Soto, que fue el primero en comparecer en la comisión de este jueves, repasó la situación que se encontró a su llegada a Feria Valencia a principios de 2012. "Nos encontramos la feria abandonada debido a su mala reputación", lamentó el directivo, quien explicó que sus antecesores no recortaron gastos a tiempo al "no asumir la realidad de la crisis".
A su llegada, según explicó, se bajaron los salarios un 20% porque eran "elevados" y se revisaron los contratos externos para ahorrar 4,3 millones de euros. "Quitamos el coche oficial de la director general. Se han quitado las tarjetas visa y las dietas del comité ejecutivo", agregó.
El resultado de esas medidas ha sido un ahorro del 55% en costes de personal y del 62% en gastos de funcionamiento desde 2012. Ello, unido al un aumento de ingresos al 5% anual desde 2014, han permitido cerrar 2018 con 800.000 euros de beneficio de explotación.
Además, a preguntas del diputado José Muñoz (PSOE) ha estimado en más de 6 millones de euros el coste que podría tener que soportar la institución por la anulación del ERE que los anteriores gestores acometieron en 2010. Ese proceso, en el que Feria Valencia pagó 7 millones en indemnizaciones, implicó la salida de 106 personas, un tercio de la plantilla.