VALÈNCIA. El Consorcio Valencia 2007 está en proceso de disolución. Pero su liquidación y el posterior alumbramiento de un ente que se haga cargo del espacio de La Marina de València no está siendo sencillo. Este miércoles, se votaba el nombramiento del director general del consorcio, Vicent Llorens, como miembro de la comisión liquidadora en sustitución de Xavi Ribera, director de Iniciativas en el Ayuntamiento de València. Sin embargo, no salió adelante.
Según fuentes conocedoras de la reunión telemática, la Conselleria de Política Territorial, que ahora encabeza Rebeca Torró, rechazó el nombramiento por "dudas jurídicas". Algo que confirmaron en el consistorio, donde explicaron que la administración autonómica, pese a todo, no presentó ningún informe jurídico que avalara estas dudas y que, por ende, justificara la negativa al nombramiento de Llorens para continuar con el proceso de liquidación del consorcio.
Así pues, aunque las fuentes municipales esperan que estos documentos sean remitidos al Ayuntamiento próximamente y que el bloqueo se resuelva pronto, lo cierto es que los estatutos del consorcio tienen prevista una salida en caso de que no haya unanimidad en el seno del ente interinstitucional, donde ahora se encuentran la Generalitat y el Ayuntamiento. Por parte de la Conselleria, en la comisión liquidadora, está la secretaria autonómica de Política Territorial, Maria Pérez.
Así, los estatutos subrayan que el consejo rector ha de adoptar mediante un acuerdo el nombramiento de un liquidador. Pero "a falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio". O lo que es lo mismo, explicaron las mismas fuentes, que el liquidador sería el propio Llorens si no hay acuerdo, de manera que las formalidades no podrían alargar esta demora en el proceso demasiado tiempo.
El Consorcio Valencia 2007 inició recientemente su liquidación con el nombramiento de una comisión encargada de llevar a cabo este proceso. La extinción de esta entidad arranca después de que el Gobierno central la abandonara una vez había asumido la mayor parte de la deuda contraída para ejecutar las obras que requería la celebración de la competición de vela y atendiendo a los estatutos establecidos y al compromiso asumido por el Ejecutivo español a este respecto.
La desaparición de este organismo dará paso a una nueva fórmula de gestión para La Marina -que mantiene su actividad- en la que trabajan las administraciones autonómica y municipal y que todavía no está definida.