VALÈNCIA. (EFE). La Generalitat destinará este año once millones de euros a adquirir a través de un concurso público un centenar de viviendas para sumarlas al parque público y destinarlas a alquiler social, en las que sus inquilinos pagarán entre 150 y 300 euros mensuales, en función de su renta.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, María José Salvador, han explicado en rueda de prensa los detalles de este concurso público, referido a 176 municipios de la Comunitat donde hay más demanda de vivienda, que se puso en marcha el 10 de octubre y al que particulares y entidades financieras pueden presentar ofertas hasta el 22 de noviembre.
Hasta el momento se ha presentado ya documentación referida a treinta viviendas, que deben cumplir requisitos como tener una antigüedad máxima de 50 años, disponer al menos de cocina, comedor, salón, un dormitorio y un baño, contar con ascensor si es una vivienda en altura y estar en condiciones de entrar a vivir.
Los precios de referencia para valorar las ofertas son los módulos de VPO para vivienda usada, que van de un máximo de 2.300 euros por metro cuadrado en València ciudad a un mínimo de 1.200 euros/m2, por lo que una vivienda de 70 m2 puede estar entre 160.000 y 80.000 euros, ha indicado la consellera.
Una vez presentadas las ofertas, la Generalitat hará una tasación de la vivienda para comprobar su precio real y presentar una contraoferta, ha explicado Salvador, quien ha adelantado que para el ejercicio 2019 se han consignado 40 millones de euros con el fin de hacer una nueva edición de este programa.
El objetivo de esta "novedosa" iniciativa es poder contar con viviendas "dignas, asequibles, que garanticen la capacidad de decisión de las personas", ha destacado el president, quien ha abogado por "reequilibrar" el mercado de la vivienda, favoreciendo la línea del alquiler.
Puig ha destacado que la política de vivienda del Consell está alienada con la del Gobierno de España y ha reivindicado que con esta medida se abre "un nuevo camino" en la política de vivienda de un Ejecutivo que ha reparado un parque público que estaba "destrozado" y ha terminado promociones que se habían quedado paralizadas.
El president ha hecho alusión a la problemática de los apartamentos turísticos, y ha abogado por "desterrar el instrusismo", a aquellos que "delinquen" porque no cumplen con la fiscalidad ni con las medidas de seguridad, lo que requiere de una "operación compartida" con los Ayuntamientos y todos los actores sociales para "arrinconar" esas prácticas.
La consellera ha destacado la "seguridad jurídica" que implica para los posibles vendedores vender sus casas a la Administración pública, así como el hecho de que se ofrezca un precio de referencia "objetivo", el de la vivienda usada de los módulos de VPO, lo que puede suponer un "plus" para un particular o una entidad bancaria que tiene "mucho stock de vivienda vacía".
Salvador ha asegurado que la elaboración de los pliegos del concurso ha sido muy compleja, ya que no había "ningún precedente en ningún lugar", y se ha mostrado abierta a estudiar para futuras convocatorias de este concurso público la introducción de algún incentivo fiscal para los vendedores.
Además, ha hecho hincapié en que las personas que podrán acceder a esos alquileres sociales no solo serán las que están en situación de vulnerabilidad sino que se ampliará el espectro, pues por ejemplo hay jóvenes que trabajan pero son pobres, y se determinarán en función de los ingresos.
