VALÈNCIA (EP). La Generalitat se compromete a modificar la Ley 24/2018, de Mediación de la Comunitat Valenciana, para adaptarse a la normativa estatal y resolver así las discrepancias presentadas por el Gobierno en la comisión bilateral entre ambas administraciones.
Ante la controversia suscitada respecto al artículo 1 de la ley autonómica, el Consell asume el compromiso de promover la iniciativa parlamentaria correspondiente para modificarlo, con el objetivo de "ajustar claramente" sus competencias, según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).
De esta forma, las dos partes coinciden en que el artículo 4.d de la ley valenciana --por el que se establece la definición de conflicto o litigio-- se interpretará y aplicará en base a la Ley estatal 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
En relación con los artículos 8.2 y 8.3b de la norma autonómica, la Generalitat tendrá que promover una modificación completa de varios apartados, al afectar a materias que son de competencia del Estado, sobre legislación procesal recogida en la Constitución.
En concreto, el artículo 8.2 queda así: "La declaración o la aportación de documentación sobre los datos que hubieran podido obtenerse o utilizarse durante el transcurso de la mediación, en un proceso judicial o en un arbitraje, se regirán por lo dispuesto en la legislación del Estado".
Mientras tanto, el 8.3 establece ahora que "el deber de confidencialidad podrá excepcionarse, total o parcialmente, cuando las partes en conflicto lo excusen de forma expresa y por escrito, y cuando así lo prevea la legislación estatal".
Al mismo tiempo, la Generalitat se compromete a que el artículo 19.3 también se interprete en base a la ley nacional, de manera que las entidades mediadoras podrán ser objeto de inscripción con independencia de su carácter público y privado, español o extranjero, incluidas las de carácter internacional.
Respecto a la regulación de los mediadores, el acuerdo Consell-Gobierno establece que la ley valenciana se ajustará a la norma del Estado, que no exige que estén inscritos para ejercer esta actividad y dicta la voluntariedad de la inscripción.
Por tanto, la ley autonómica incorporará ahora en el artículo 23 que las partes de la mediación tendrán derecho a "escoger libremente una persona o entidad mediadora, esté o no inscrita en cualquier registro autonómico o estatal, o bien a solicitar que se le nombre".
Las partes en conflicto también podrán, de mutuo acuerdo o con el consentimiento posterior, designar a un mediador que figure o no en el Registro de Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana o cualquier otro autonómico o estatal.
Por todo ello, tras las negociaciones en el grupo de trabajo constituido el pasado mes de marzo, la Generalitat y el Gobierno consideran que las discrepancias están resueltas y comunican el acuerdo al Tribunal Constitucional, según la resolución firmada por la directora general de Relaciones con el Estado, Daría Terrádez.
