FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Generalitat Valenciana lleva recaudados, desde finales de julio y hasta este miércoles, 210.000 euros por sanciones impuestas por incumplimiento de la normativa para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Esta cifra corresponde a las 1.170 multas que se han pagado hasta la fecha.
En este periodo, el Servicio de Espectáculos ha recibido 144.000 multas que está gestionando, según los datos facilitados por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Este servicio recibe las sanciones desde las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional Adscrita, Policía Nacional, Policías Locales y Guardia Civil).
De estas 144.000 actas de denuncias, 65.000 son de Valencia, 60.000 Alicante y 19.000 Castellón. Desde agosto hasta el 15 de abril se han iniciado (introducido en el sistema) 15.618 actuaciones
administrativas, de las que se ha iniciado el procedimiento sancionador de 7.777 por parte de un funcionario y han finalizado 2.114 expedientes.
Respecto a las sanciones impuestas, el 94 por ciento ha sido por el uso inapropiado o no llevar la mascarilla, el 4% por saltarse el confinamiento y el otro 4% por otros motivos. Además, se ha sancionado a 707 establecimientos.
Con el objetivo de ofrecer una respuesta "más eficaz" a las necesidades planteadas ante el volumen de las sanciones covid recibidas por el servicio de espectáculos desde que el pasado 25 de julio entró en vigor el Decreto del Régimen Sancionador, Justicia ha puesto en marcha un Plan de choque para gestionar las sanciones, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros.
Este Plan comprende el refuerzo de la plantilla del Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, que ha pasado de estar compuesto por cinco funcionarios en julio de 2020 a 21 en la
actualidad.
Además, la Conselleria está ultimando el proceso de selección de 52 personas más (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) para una sección específica para la tramitación de los expedientes sancionadores por temas de covid. En total, para personal y gastos de funcionamientos la Conselleria tiene prevista una inversión de 2,2 millones de euros.
Según subraya la conselleria, el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, que es el departamento dependiente de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias encargado de su tramitación, estaba dimensionado para absorber entre 250 y 300 denuncias al año en el ámbito de su competencia.
A partir del mes de noviembre, con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios, el número de denuncias aumentó "de manera exponencial", y especialmente en el mes de diciembre cuando, al aumentar los controles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el número de denuncias diario subió hasta las más de 500 al día.
También se ha procedido a la contratación de una empresa especialista en la gestión de multas por un año de duración y un presupuesto de 1,7 millones de euros.
Este Plan de choque comprende un servicio adicional de correos, por 1,2 millones de euros, para realizar todas las notificaciones tal y como establece la normativa. Se calcula que se enviarán unas 20.000 cartas mensuales.
El pasado viernes el pleno del Consell aprobó la declaración de emergencia de la contratación del servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante la covid-19 en la Comunitat Valenciana.
Ante el número de actas de denuncia por incumplimiento de la normativa y ante la "excepcionalidad" del momento, se ha requerido la necesidad de contratar por emergencia un servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador de la Conselleria, ya que la administración no dispone de recursos humanos suficientes para hacer frente a la tramitación de este volumen de sanciones.
El contrato se ha adjudicado a la empresa Martínez Centro de Gestión, por un importe de 1.742.400 euros (IVA incluido) y tiene una duración máxima de un año. El objetivo es lograr la tramitación de todos los procedimientos administrativos de carácter sancionador, incluida la gestión del cobro de las sanciones, que se imponen a los infractores.
