Sonia Díaz, directora de la ATV. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Proyecto de Ley de residuos y de suelos contaminados que acaba de aprobarse en el Congreso introduce un nuevo impuesto que se aplicará en todo el territorio nacional sobre el depósitos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Ello significa que a partir de ahora será el Estado el que asumirá directamente la gestión y la recaudación generada con este impuesto con el que ya cuentan varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana.
Uno de los objetivos del Gobierno, reflejado en el propio texto, es precisamente el de armonizar una figura impositiva que ya está vigente en Cataluña, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Baleares, Madrid, Navarra. Según el Ejecutivo, el hecho de que algunas regiones hayan creado un impuesto de residuos propio y otras no debilita su "efectividad" para el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea e implica un fenómeno conocido como 'turismo de residuos' desde las autonomías que lo aplican hacia las que no.
La entrada en vigor de de esta nueva ley de carácter básico obligará a las regiones que ya cobran este impuesto a renunciar al mismo, pero el Estado tendrá que compensarles por la merma de recaudación qua ahora obtienen con esos ingresos propios. En el caso de la Comunitat Valenciana, que además del de residuos también aplica un impuesto propio sobre actividades que inciden en el medio ambiente, la recaudación por el impuesto de depósitos creció el año pasado en 1,2 millones. Los ingresos que esos dos impuestos reportan a las arcas valencianas supera los 23 millones de euros anuales.
El impuesto por el depósito de residuos se paga en la Comunitat Valenciana desde hace tres años. El Consell del Botànic lo introdujo en la Ley de Medidas de 2018 con el fin de "fomentar" el reciclado y la valorización de los residuos y se paga en el momento del depósito en el vertedero o en el momento de la incineración o coincineración sin valorización de energía.
El impuesto previsto en el Ley de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica es estatal, pero se prevé su cesión a las Comunidades Autónomas mediante acuerdos en los órganos que regulan la financiación autonómica. Sin embargo, mientras se aprueban los cambios legales necesarios, el rendimiento del impuesto se atribuirá a las autonomías, que también podrán asumir la gestión del impuesto.
La Comunitat Valenciana es una de las regiones que quiere ejercer ese derecho. Según avanzó en un webinar del Colegio de Economistas sobre tributación autonómica la directora de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, la Generalitat va a pedir al Gobierno poder seguir gestionando y recaudando directamente el rendimiento de este nuevo impuesto estatal, tal y como hacía hasta ahora con su propio impuesto.
Para ello, el Consell tendrá que aprobar formalmente en uno de sus plenos la petición al Gobierno central para que se le aplique lo previsto en la disposición transitoria octava de la nueva Ley nacional de residuos, donde se establece que las CCAA que opten por asumir las competencias de gestión del impuesto en su territorio tendrán que comunicarlo formalmente al Ministerio de Hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de la ley en el BOE.
Las comunidades autónomas que no ejerzan esta opción percibirán trimestralmente el importe de la recaudación del impuesto, que se pondrá a su disposición mediante operaciones de tesorería cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente.
Además, tendrán que informar mensualmente al Ministerio de Hacienda sobre la recaudación del impuesto, especificando todos los datos incluidos en los modelos de autoliquidación del impuesto presentados por los contribuyentes y las liquidaciones practicadas por la administración.
