Rafael Blasco, durante una entrevista. Foto: EVA MÁÑEZ.VALÈNCIA (Efe). La Abogacía de la Generalitat solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".
Para Blasco —que ya cumple condena por la pieza 1 de ese caso— se solicita una condena de 17 años y 6 meses de cárcel y respecto a la responsabilidad social reclamada a los procesados, se piden ocho millones de euros de los que tres serían por el "daño moral" a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.
En mayo, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordó el procesamiento de Blasco y veinte personas más por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental, así como unir las dos piezas separadas en una causa preparada para el juicio.
Entre los procesados se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat.
También figuran trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En su escrito presentado ante el Juzgado, la Abogacía de la Generalitat pide 22 años y 6 meses para César Augusto Tauroni, 16 años para Llinares, 13 años para Luis Castel (evaluador externo de los proyectos de Cooperación) y 9 años para Arturo Tauroni, Isabel Castillo y Rafael Barrera, entre otras condenas que suman más de 170 años de cárcel.
Además, por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por el citado "daño moral" pues, según recoge el escrito, "la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".
"Si se reconoce una reparación 'estricta' del daño económico causado, sin indemnizar la afectación de otros intereses como la imagen institucional y el desprestigio causado en el ámbito de las ayudas a la cooperación, se genera un incentivo perverso para seguir delinquiendo", asegura la Abogacía de la Generalitat.
Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.
Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita una pena de 16 años de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones dentro del conocido como caso Cooperación. En total, reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento.
Así lo ha dado a conocer esta parte tras presentar su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 21 de València. Atribuye a los acusados, en diferentes grados, delitos de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental, encubrimiento y blanqueo de capitales.
Así mismo, solicita ocho millones de euros en multas y otros ocho millones más --cuatro de ellos en concepto de responsabilidad civil derivada de la comisión del delito de malversación de caudales públicos, y otros cuatro de indemnización por los daños morales sufridos, que deberán ser abonados por los acusados a la Generalitat destinados a programas de cooperación internacional al Desarrollo--.
Las penas de prisión que solicita la CVONGD para los principales responsables de la trama son de 22 años de prisión para Augusto César Tauroni; 16 años para Blasco; 14 años para el exjefe de Servicio Marc Llinares y para el responsable de la empresa evaluadora, Luis Castel Aznar; ocho años para el ex director general Josep María Felip; y siete años para el expresidente de la organización Fudersa, Rafael Barrera, entre otros.
Está pendiente de resolución el recurso de apelación por el que la CVONGD ha solicitado que se incluya entre los acusados a Fernando Darder, expresidente de la organización Esperanza Sin Fronteras; a Carmen Escriva, evaluadora de Biconsulting (UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL); y que siga el procedimiento respecto a Josep Maria Felip por los hechos relacionados con las convocatorias del 2011.
La presidenta de la CVONGD, Trini Blanch, ha afirmado que después de cinco años de instrucción de este caso y la primera sentencia en firme de la pieza 1, "ahora se vuelve a demostrar que la trama era una asociación ilícita o banda criminal cuyo fin siempre fue apropiarse de los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo".
Blanch ha añadido que "su manera de defraudar fue la de falsear documentos para cumplir requisitos de las convocatorias y dar apariencia de legalidad a través de la manipulación de las puntuaciones de los proyectos afines a la trama". "De hecho --ha agregado-- hasta se llegaron a crear organizaciones como la Fundación Hemisferio y empresas instrumentales en paraísos fiscales expresamente para participar en el fraude".
