VALÈNCIA. (EP) La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central la necesidad de que se supriman las tasas de reposición para la convocatoria de oposiciones en la función pública valenciana.
Bravo ha insistido en esta medida durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que ha participado por videoconferencia este jueves junto al resto de responsables autonómicos en la materia y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
Ha defendido de nuevo en su intervención que se elimine la limitación del porcentaje máximo de puestos de trabajo que la Generalitat puede sacar a las Ofertas de Empleo Público (OPE) en relación al número de trabajadores que se jubilan cada año porque "de no llevarse a cabo esta medida, nunca se podrá acabar con la temporalidad de las plantillas públicas ni tampoco acometer su regeneración".
En este sentido, Bravo ha recordado que, en los últimos cuatro años se ha incrementado el número de trabajadores temporales porque tienen una limitación para sacar los puestos estructurales porque nos lo impide la tasa de reposición, pero al mismo tiempo, se permite crecer con plazas temporales.
Esto implica, según Bravo, que el Gobierno les permite "crecer en precariedad" y al mismo tiempo limita la capacidad para dar estabilidad a las plantillas, "pero no una estabilidad a través de procesos selectivos de consolidación". Por ese motivo, ha lamentado, han estado creando plazas sin capacidad de poderlas sacar después a las OPE.
En la actualidad, la Dirección General de Función Pública gestiona 220 procesos selectivos, de los cuales están ya en marcha un total de 130. Corresponden a las OPE de 2017, 2018 y 2019 por las que se convocaban oposiciones para cubrir 4.902 plazas repartidas en 2.008, 2.417 y 477, respectivamente.
Para la OPE de 2020 se estima que se necesitarían ofertar alrededor de 2.000 puestos de trabajo, aunque si se mantiene la tasa de reposición tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que aún es la vigente, la Generalitat podría convocar oposiciones para un millar de plazas.
Por otra parte, Bravo también ha explicado a la ministra que si bien las modalidades de teletrabajo en la función pública valenciana se regularon mediante un decreto del año 2016, "tras la experiencia de la pandemia de la Covid-19, se ha de revisar todo el modelo para mejorarlo y que el teletrabajo no sea una modalidad menor, sino una herramienta útil".
De esta forma, ante el anuncio de la ministra de arbitrar una legislación marco para regularlo, la consellera ha incidido en la necesidad de que "se deje un amplio margen a las comunidades autónomas para que puedan regular el teletrabajo de sus plantillas conforme a sus necesidades específicas".