Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Giro radical en el plan de rescate de Feria Valencia. La Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y Feria València han llegado a un acuerdo según el cual la Generalitat se quedará en propiedad los edificios que forman el recinto ferial y la concesión municipal para poder explotarlos como compensación por la asunción de su deuda, que supera los 480 millones de euros.
En virtud de ese pacto, el Ayuntamiento de València acepta desprenderse de la titularidad de los inmuebles y de la concesión a favor de la Generalitat, que de esta manera logra resarcirse del coste público asumido con su rescate, según explican a este periódico fuentes conocedoras del acuerdo. Mientras, el suelo seguirá siendo de titularidad municipal.
Esta suerte de dación en pago, pactada en plena ejecución del Protocolo de Intenciones que Ayuntamiento Generalitat y Feria Valencia firmaron en verano de 2017 con los pasos que se comprometía a ejecutar cada uno, está inspirada en la solución acordada para la subrogación de la deuda de la Institución Ferial de Alicante (IFA). En ese caso, el patronato aprobó utilizar los inmuebles de IFA como medio de pago de los 45,59 millones de euros que le debía a la Generalitat.
Les Corts ya convalidaron en enero el decreto-ley de la Consilleria de Hacienda que habilitaba a la Generalitat a subrogarse en la titularidad de la deuda financiera de Feria Valencia e IFA, pero algunos de los siguientes pasos pendientes en el protocolo de intenciones original ya no se llevarán a cabo.
La comisión de seguimiento del mismo se reúne este mismo miércoles para aprobar los cambios necesarios en la primera hoja de ruta, donde no estaba prevista ninguna compensación para la Generalitat.
Según el diseño original, la Generalitat se hacía cargo de toda la deuda pendiente generada con las obras de ampliación de Feria Valencia (480,81 millones) y el Ayuntamiento le otorgaba una nueva concesión demanial de 75 años para gestionar directa o indirectamente la actividad ferial. Al término de la misma, los edificios, pagados por la Generalitat pero construidos sobre suelo municipal, pasaban a ser de titularidad del Ayuntamiento de Valencia.
Con el rediseño del rescate y reestructuración del recinto ferial, que será ratificado la semana próxima en el Patronato de Feria Valencia, la concesión vigente ya no se extinguirá, sino que será traspasada a la Conselleria de Economía como departamento competente en ferias comerciales.
En principio, el Ayuntamiento de Valencia tenía que rescatar la concesión actual a favor de Feria Muestrario Internacional, que renunciaría a cualquier derecho indemnizatorio, para ceder a continuación la gestión de la infraestructura a la Generalitat Valenciana. Para ello se iba a formalizar una nueva concesión demanial gratuita por el máximo legal (75 años) con el compromiso de la Generalitat de conservar la infraestructura.
Ya no será necesario. Ahora la concesión actual pasará directamente a manos de la Generalitat, que tras ello negociará con el Ayuntamiento el alargamiento del plazo de vencimiento, que es de 50 años.
Junto a la cesión de la concesión, el otro cambio más relevante respecto al diseño original afecta al futuro gestor del recinto. Según lo firmado en 2017, una vez asumida la gestión por parte de la Generalitat, el Consell tenía que crear una sociedad mixta para desarrollar la actividad ferial en régimen de colaboración público-privada. Ese ente de carácter mercantil estaría participado por la Generalitat y un socio especialista elegido tras un proceso de diálogo competitivo.
La Conselleria de Economía, controlada por Compromís, y la de Hacienda, en manos del PSPV, se enfrentaron durante meses sobre si la participación mayoritaria de ese ente debería estar en manos de la Generalitat –como defendía Economía– o si bien debía ser de mayoría privada, según el criterio de los socialistas. Una vez que la nueva entidad creada estuviera en disposición de hacerse cargo de la actividad se disolvería el actual Patronato de Feria Valencia.
Tampoco este paso se llevará a cabo. El nuevo pacto no contempla la disolución de Feria Muestrario Internacional, sino la transformación de su personalidad jurídica para adoptar la que más convenga al futuro modelo de gestión. Si es un consorcio, una mercantil o una fundación dependerá de lo que determinen en el futuro las tres partes implicadas.
La deuda generada con el plan de modernización y ampliación de Feria Valencia asciende en total a 587 millones de euros. Dada la incapacidad del recinto ferial de asumir la devolución de los créditos con sus propios recursos, la Generalitat tuvo que hacerse cargo de la deuda prácticamente desde el primer momento en virtud de un convenio firmado para responder ante los acreedores si Feria Valencia no podía hacerlo.
Un informe de la Intervención de la Generalitat encargado por el Consell de Alberto Fabra concluyó que, sumada la carga financiera estimada, la deuda generada con la ampliación del recinto ferial podría acabar costando más de mil millones de euros a las arcas públicas. Por el momento ha pagado unos 100 millones de euros de principal y 270 millones de intereses, pero aún restarían 650 millones hasta 2029.
Fue a raíz de esa fiscalización, realizada tras años de discusión sobre si Feria Valencia era pública o privada o si debía someter sus cuentas a la revisión de la Sindicatura de Comptes, cuando las instituciones implicadas comenzaron a negociar una solución a la deuda de Feria Valencia.
Desde entonces, primero el PP desde el Ayuntamiento y la Generalitat y posteriormente el PSPV y Compromís, han planteado diversas soluciones, aunque la controversia sobre quién debía acabar ostentando la propiedad de los edificios siempre había estado presente.
Hasta llegar al punto actual, se han puesto sobre la mesa infinidad de fórmulas, pero la revisión de la concesión actual para que la Generalitat obtenga alguna contraprestación nunca ha estado tan cerca de concretarse como ahora.
En julio de 2017, más de un año después de que la Conselleria de Hacienda presentara el diseño del plan para asumir la deuda de Feria Valencia y dejar la gestión en manos de una sociedad mercantil de nueva creación participada por la Generalitat y un socio externo, la Generalitat, el Ayuntamiento de València y la Feria firmaron un protocolo de intenciones en los que se detallaban los pasos a ejecutar por cada una de las partes.