La Generalitat solo registra datos de aforo cuando se producen incidencias

VALENCIA. Las cifras de asistencia de los festivales continúan siendo un asunto exclusivo de las empresas organizadoras. La Policía autonómica tiene una labor de supervisión en las mismas, pero únicamente eleva los datos a la Generalitat valenciana cuando se produce alguna negligencia. Así lo aseguran desde la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, que tiene un informe sobre el aforo máximo autorizado de cada evento, pero asegura no disponer de datos concretos sobre los asistentes finales. 

Según el decreto autonómico 143/2015, por el que se regulan los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, los grandes eventos están obligados a emitir “una memoria y documentación gráfica relativa al cálculo del aforo solicitado y la adecuación de las vías de evacuación”. Más tarde corresponde a la Administración valorar esa estimación y establecer un aforo autorizado. La cifra que se indica desde la autoridad competente es la más importante, puesto que las empresas no pueden sobrepasarla en la venta de entradas y deben encargarse de respetarla a la hora de contabilizar los accesos al recinto. Para comprobar que así se hace, la autoridad policial se persona en cada una de las citas. 

Ahora bien, como el recuento queda en manos de la empresa, es complicado saber hasta qué punto es escrupuloso. Mientras que algunos eventos optan por medios electrónicos que transmiten datos en tiempo real -una medida de obligado cumplimiento para aquellos espectáculos cuyo aforo exceda las 2.000 personas a partir del próximo septiembre-, otros retrasan esta implantación y siguen recurriendo a la cuenta mediante clicks, por ejemplo.

Preguntada por cómo se controla el cómputo, la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias explica que muchos agentes siguen personándose en los eventos y preguntando a los responsables. En otros casos, se guían por datos como el cálculo por metros cuadrados y, solo cuando existen dispositivos electrónicos (pulseras con chips o tornos), los van revisando en tiempo real. Si los datos facilitados desde la entidad se adaptan a los autorizados por la Administración, se da por zanjado el asunto. Únicamente se eleva un parte a la Generalitat si hay dolo, esto es, si la cifra sobrepasa la legalmente indicada. 

¿Pero cómo va a hacerlo cuando la cuenta corre a cargo del organizador? De hecho, sorprende que la edición de 2015 del festival Mare Nostrum tuviera un aforo autorizado de 20.000 personas y, precisamente, la cifra de asistencia que transmitiera a los medios de comunicación fuera exactamente de 20.000 participantes por día. Ni uno más, ni uno menos. 

En busca de soluciones

José María Ángel, director de la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, asegura que pretenden ser “estrictos” en las inspecciones. Es de su competencia el control en la mayoría de grandes eventos de ámbito autonómico, pese a que algunos en concreto corresponden al gobierno municipal y su Policía. Al respecto, incide en que han sido rigurosos en la aplicación del reglamento para "evitar la picaresca".

Remite a casos como las celebraciones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se admitían entre 7.000 y 8.000 asistentes, pero ahora se ha limitado la entrada a 5.000 por considerarlo más adecuado. También explica que ha habido sanciones, de hasta 30.000 euros, por fiestas en el Puerto de Alicante. "No obstante, si se dan otras anomalías, por supuesto que incrementaremos el control", asegura. Sin embargo, la mayoría de multas que se impusieron durante años anteriores tuvieron que ver con la venta de alcohol a menores, las medidas de seguridad y las vías de evacuación, problemas "más frecuentes" que el aforo. 

Sobre el nuevo decreto autonómico, que habla de mayor control telemático e impone un baremo sobre el número de vigilantes que debe tener cada evento en función de sus asistentes, insiste en que se trata de “una norma consensuada” y contra la que nadie presentó alegaciones. Y eso que supone un mayor control sobre las empresas de eventos. De hecho, indican que el colectivo vecinal mostró “mayor reticencia” que el empresarial en cuanto a esta modificación, debido a sus quejas por regular la contaminación acústica.