VALÈNCIA. El destino de los bloques portuarios es la piqueta. A ella parecen condenados. Era la apuesta de la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València. Es la opción también preferida por la Conselleria de Vivienda, o al menos es lo que se puede inferir tras la reunión que mantuvieron este lunes la plataforma de propietarios con responsables de la Generalitat.
La tesis de la administración autonómica les fue transmitida en persona por la consellera de María José Salvador. Una tesis que según ella es la propuesta más “estudiada, rigurosa, realista y viable”. Esto no significa que se tengan por qué derribar. Hay una opción para salvarlos, sí, pero eso supondría un desembolso económico mucho mayor para los 91 propietarios particulares.
Las ventajas del derribo les fueron relatadas por Salvador, quien estuvo acompañada por el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafa Briet, y la gerente de la Entitat Pública d'Habitatge i Sòl (Evha), Laura Soto. Desde el principio tanto la consellera como especialmente Briet incidieron en que su alternativa, la reedificación, se planteaba como una solución para ellos, atendiendo a sus problemas y necesidades.
La propuesta planteada por la Generalitat se basa en las ayudas estatales, autonómicas y locales dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a través del Área de Regeneración Urbana (ARRU). El objetivo es poder ofrecer a los vecinos viviendas de calidad y que sean viables técnica y económicamente y, ante esto, la consellera les hizo ver que "las ayudas previstas para la construcción de un nuevo inmueble son más ventajosas que para la rehabilitación integral".
Según los cálculos realizados por los técnicos de la Generalitat estas ayudas “podrían llegar a ser, como mínimo, de un 65% de los costes de ejecución, a los que se podrían añadir otras ayudas subjetivas, atendiendo a las circunstancias personales de cada vecino, que pueden llegar al 35% del presupuesto, por lo que, en algunos de los casos, se podría alcanzar al 100% de subvención”.
Con estas ayudas se puede llegar a recibir hasta 30.000 euros por vivienda reconstruida por parte del Ministerio de Fomento, un 20%, en el caso del Gobierno autonómico y un 5%, desde el Ayuntamiento. Por ello, explican desde la Generalitat, “se ha estimado que cada vecino podría tener que asumir solo un coste de unos 370 euros/m2 de vivienda, sin considerar las posibles ayudas subjetivas”. En cambio, para las ayudas de rehabilitación, desde el Ministerio se contempla una cantidad solo de hasta 12.000 euros por vivienda y en consecuencia el coste que tendría que asumir cada propietario sería de unos 900 euros/m2.
Mal estado del edificio
Desde la administración autonómica secundaron el análisis del mal estado del edificio y consideraron que, en una situación así, lo mejor para los propietarios era el traslado a un nuevo edificio y a cambio hacer una cesión de propiedad a la administración. En este punto, la Conselleria se abonaba a la tesis planteada por la teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, y abogaba por la construcción primero del edificio de realojo que se hallaría en el mismo barrio, a apenas 100 metros de donde se encuentran los actuales bloques, según aseguró la edil socialista.
Foto: KIKE TABERNER
De esta manera, resaltó Gómez, los menores escolarizados en los colegios adyacentes al actual bloque “seguirían llevado su vida con total normalidad”. Una vez realojados en ese nuevo edificio se procedería al derribo de los bloques y a la reedificación del actual edificio. Todo ello con una propuesta de ayudas que permitirá acogerse a una bonificación de prácticamente el 75% de las ayudas para todas las familias. Además, Gómez se comprometió a no dejar en la estacada a los vecinos y aseguró que el Ayuntamiento “se implicará para que nadie se quede sin tener una casa nueva en propiedad porque no pueda costearla”.
La propuesta del Consell ha trastocado la estrategia de València en Comú, socio de gobierno en el Ayuntamiento de València del PSPV y Compromís. Su portavoz, María Oliver, partidaria de la rehabilitación, recordó este lunes que “en los bloques portuarios no hay un problema urbanístico sino social. No se trata de que propuesta es mejor, sino de que es lo mejor para las vecinos”.
Oliver insistió en que antes de cualquier actuación “lo primero que hay que hacer es un censo de habitantes del bloque”. Para avanzar en este proceso, desde su formación habían pedido que en la próxima reunión estén presentes representantes de Bienestar Social porque “cualquier solución debe pasar necesariamente por ver qué alternativa se ofrece a los habitantes de los bloques”.
En la formación vinculada a Podemos se ha criticado la tibieza con este tema del alcalde de València, Joan Ribó, y de su partido Compromís. Consideran que les ha faltado “valentía” para buscar un solución que fuera menos expeditiva que el derribo.
Rehabilitación, sólo si se puede
Mientras, desde la Alcaldía volvía a plantear la solución en términos de buscar “posiciones razonables y de consenso”. En aras de resarcir a los vecinos del Cabanyal tras lo vivido en los últimos 20 años, habida cuenta que los bloques iban a ser parte de los derribos de la ampliación de Blasco Ibáñez, desde el entorno de Ribó se insistió en que “la primera opción pueda ser la rehabilitación siempre que sea posible” (la coletilla es fundamental), y la opción de reedificación (o sea, nuevo edificio y derribo) debe entenderse “como solución si no queda otra alternativa viable”.
Desde Alcaldía lanzaron también una crítica velada al enfrentamiento público que se está registrando entre PSPV y València en Comú y se reclamó que, para no “angustiar a los vecinos del Bloque con una cuestión tan vital como lo es la propia vivienda”, la “discusión y debate se establezca en el seno del gobierno municipal y con un trato directo con los residentes afectados”. “Es importante, en cualquier caso, contar con la opinión de los propietarios, de cuyas viviendas se está hablando, y apostar por continuar implementando medidas sociales que faciliten la convivencia en el barrio”, añadían.
Desde el equipo de Ribó concluían con dos ideas: la urgencia de llevar a cabo una primera intervención que afiance la seguridad del edificio en sus elementos esenciales de habitabilidad; y la necesidad de desarrollar el Pla Especial del Cabanyal, “que no debe demorarse, con el objetivo de que se apruebe en los próximos meses, de manera que, si es necesario, contemple soluciones flexibles para el caso del Bloque Portuarios”.
Foto: KIKE TABERNER
