La Generalitat trabajará para que los bienes "expoliados por la Iglesia" retornen a la ciudadanía

VALÈNCIA. (EP/EFE) La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha afirmado que desde el Gobierno valenciano se trabajará para que "los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana".

Así se ha pronunciado la consellera tras hacerse público el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, una información que, tal y como ha explicado la consellera, "ya había solicitado la Generalitat hace meses al Gobierno central".

"A partir de ahora --ha explicado la consellera de Calidad Democrática-- vamos a averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para las arcas públicas que es donde siempre debieron estar".

Para ello, la Conselleria de Calidad Democrática pedirá al Gobierno central que detalle cuáles de los 912 inmuebles autocertificados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público.

La consellera Pérez Garijo ha recordado que en enero de 2020 "se solicitó al Ministerio de Justicia un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público".

Posteriormente, en el mes de julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública adscrita al Ministerio de Justicia donde la Conselleria de Calidad Democrática pidió la información que ayer hizo pública el Gobierno central y que ha venido a confirmar la existencia de cerca de 35.000 bienes inmatriculados en toda España entre 1998 y 2015, de los cuales 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana.

En la misiva, la consellera argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles "ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de autocertificación".

De hecho, tal y como recoge el escrito remitido al Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de auto-certificación siguió manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 "bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse a causa de su inconstitucionalidad".

Con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, "lo que ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que hubiera podido derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas", afirma Pérez Garijo.

Desde la administración autonómica señalan que no es hasta 2015, con la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho público la facultad de auto-certificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.

València no descarta actuar

El Ayuntamiento de València estudia el listado de patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica en la ciudad y no descarta iniciar procesos legales para recuperar los bienes que puedan ser de carácter municipal.

La alcaldía ha pedido un informe para estudiar este patrimonio, que se acerca a la cuarentena de bienes, la mayoría de ellos edificios religiosos pero también viviendas, centros parroquiales, almacenes, edificios de actividades pastorales y dependencias complementarias.

El alcalde, Joan Ribó, ha dicho que no descarta iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal, según fuentes consistoriales.

En el listado están una gran parte de las iglesias de la ciudad, entre ellas la Catedral, la iglesia de santa Catalina, la iglesia de Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias, además de templos, ermitas y parroquias de los pueblos de València, como Borbotó, Mauella, Benifaraig, Carpesa o Cases de Bàrcena.

Ribó ha afirmado que el conocimiento de la lista de bienes inscritos por la Iglesia mediante una ley "absolutamente intolerable que el señor Aznar hizo en su día" ha permitido que la Iglesia pudiera inmatricular "sin control público adecuado" y abre la posibilidad de que el Ayuntamiento de València estudie esta lista en caso de que pudiera haber algún bien de carácter municipal.

Según ha indicado, no se trata de los bienes de culto pero hay propiedades de distinto tipo de los que, en principio, "no está clara su pertenencia a la Iglesia". El alcalde ha criticado "la herencia envenenada, una más, que nos deja el Partido Popular".