Visita oficial a Sociópolís tras la conclusión de unas obras de urbanizaciónVALÈNCIA. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) ha logrado una victoria en los tribunales que, salvo que prosperen los recursos de la promotora, le libran de hacer frente a la mayor de las sanciones que le reclamaban por la parálisis en la urbanización del barrio de La Torre, popularizado a nivel comercial como Sociópolis. La sentencia es una muy buena noticia para las arcas de la entidad, que, por contra, había sido condenada en 2017 a pagar 2,3 millones al promotor Enrique Ortíz en una causa muy similar contra el estancamiento de los trabajos en el barrio de la pasada legislatura.
Se trata en este caso del recurso contencioso administrativo de Promociones Aragoneses SA (Proara) contra la entonces la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a quien formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial -que fue desestimada- "con motivo de la inejecución de las obras de urbanización del sector" por parte del EIGE.
Según recoge la sentencia del pasado 4 de mayo de 2018, la mercantil exigía un total de 8,7 millones de euros a la administración autonómica, 1,7 derivados de "los perjuicios económicos por la inviabilidad y cese de la promoción inmobiliaria proyectada", 1,8 por "los perjuicios económicos por la menor valoración del terreno adquirido dada la imposibilidad de promoción" y 5,1 millones "como lucro cesante".
Según argumenta la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "las obras (que arrancaron el 12 de abril de 2006) debieron terminar en abril del 2008, y con el tope máximo de cinco años esas obras debían haber concluido en abril de 2011". En consecuencia, "tal y como afirma la administración" el plazo de prescripción "comienza contar desde el día siguiente a aquel en el que se cumplen cinco años contados desde la fecha de replanteo de las obras", es decir, a partir del 13 de abril del 2011. "Por eso entendemos que la acción ejercitada cuatro años después estaba afectada por el plazo de prescripción", concluye la sentencia.
"Es más, esta circunstancia era perfectamente conocida y asumida por el actor, que en julio de 2011 desiste de la solicitud de licencia de obras y en el 13 de octubre siguiente solicitar anulación del expediente de calificación, como además se recoge en el acta de su consejo de administración (...) en el que decide dejar sin efecto el proyecto de promoción debido no solo deficiente a la deficiente urbanización sino 'a la situación actual del mercado inmobiliario y la poca demanda viviendas en València y en esa zona'", agrega la sala.
Por todo ello, el TSJCV desestima el recurso de Proara e impone a la mercantil el pago de "las costas causadas en los términos expuestos". Ante la sentencia "cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".
Al margen de este litigio, quedan al menos dos cuya resolución no ha trascendido hasta la fecha. Tal y como constaba en las cuentas del Eige de 2016 -y sobre los que no consta su resolución en las cuentas de la firma de 2017-, el grupo Proara solicitaba otra indemnización de 2 millones por "responsabilidad patrimonial por inactividad en las obras de urbanización del Sector La Torre-Sociopolis"; mientras que, por otra parte, la mercantil Crea 07 SL pedía 2,7 millones por "la resolución del contrato de compraventa y la restitución de prestaciones de la parcela R-14".
Cabe subrayar sobre el barrio de La Torre que hace poco mas de un mes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en una visita oficial al lugar, daba por finalizadas las obras de urbanización de la fase IV del sector. "Era un proyecto que estaba paralizado desde 2012", subrayó entonces. Los trabajos contaron con una inversión de 1,5 millones de euros.
