Beatriz Gascó anuncia la presentación de un recurso ante los tribunales, una medida que parece preocupar muy poco a Mónica Oltra y Vicent Marzà
VALENCIA. El nuevo decreto de plurilingüismo ya es una realidad, aprobada por el pleno del Consell y en vigencia a partir del curso que viene en los colegios valencianos, algo que el PP está decidido a impedir. La portavoz de Educación del partido en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado la presentación de un recurso ante los tribunales y ante el Defensor del pueblo por lo que considera una norma de “chantaje lingüístico” que el conseller de Educación, Vicent Marzà, “quiere imponer entre los suyos”. De hecho, el argumento fundamental es el exceso de “catalanismo” que destila el texto.
A los miembros de la Generalitat parece no inquietarles la medida. Preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, recordaba que la medida sobre plurilingüismo “no obliga a nadie”. “Me parecen curiosos los partidos que quieren prohibir las cosas, que no aceptan la ampliación de derechos de las personas. ¿Qué problema tiene el PP en que haya centros que quieran avanzar”, espetaba durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Y zanjaba con una crítica: “Supongo que les molesta que se abra la puerta a la cultura y a la competencia lingüística”.
“LOS castellanohablanteS vaN a ser discriminadoS y tendráN muchas menos opciones académicas”
En concreto, el PP afirma que el decreto se recurre “por ilegal” al considerar que vulnera derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía. “Por adoctrinar al alumno, por seguir la misma hoja de ruta del independentismo catalán, por coaccionar y chantajear a las familias con las opciones, y por las desigualdades que crea entre el alumnado”, argumentaba Gascó durante su anuncio. La portavoz de Educación parlamentaria también indicaba que el decreto “vulnera los derechos de quienes opten por estudiar en castellano” y discrimina “en función de la lengua”.
Otra cuestión polémica es la exención para las zonas castellanoparlantes. Si bien el PP considera que en estas comarcas “el alumnado castellanohablante va a ser discriminado y tendrá muchas menos opciones académicas”, lo que se infiere del decreto promulgado es que la decisión de estudiar o no en la lengua oficial será de la familia. De hecho, Marzà matizó durante la presentación del texto que si un alumno no quería hacer uso de la oferta de clases de valenciano, “siempre podrá pedirlo como exención particular”. El discurso del conseller pasa por un lema: “No imponer nada”.
Cabe recordar el modelo que establece este se establecen seis niveles lingüísticos, inspirados por el Marco Común Europeo: Básico 1 y 2; Intermedio 1 y 2; y Avanzado 1 y 2. Es cuestión de cada centro decidir en cuál quiere estar y tomar las medidas oportunas para adaptarse.
El Consejo Escolar tiene la responsabilidad de concretarlo año a año el Proyecto Lingüístico de Centro, siempre contando con el respaldo de dos tercios de sus miembros y sabiendo que debe aplicarse la misma opción para todos los cursos. La Conselleria se encargará de revisar las solicitudes dentro del marco institucional y, si no está de acuerdo, instará a modificarlas.
El calendario de implantación se hará de manera gradual Esto quiere decir que, aunque se opte por inscribirse en el Avanzado, el refuerzo arranca en Infantil (2017/18), para luego pasar a 1º y 2º de Primaria (2018/19), 3º y 4º (2019/20), y así sucesivamente. Lo mismo sucederá en el caso del profesorado. Si bien la Conselleria ha anunciado el retraso de la capacitación lingüística para la enseñanza en inglés al curso 2017/18, también pondrá a disposición de los docentes nuevas herramientas de formación.