Reto demográfico, digitalización, sostenibilidad, competencias, financiación… Las Diputaciones Provinciales han puesto sobre la mesa en València los retos que afrontan unas instituciones tan necesarias como en ocasiones injustamente desacreditadas; tan vitales para la ciudadanía como desconocidas.
La Diputaciò de València ejerció la pasada semana de ‘anfitriona’ de la V Conferencia de Presidentes de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Una cita en la que los responsables de los gobiernos locales intermedios de toda España han debatido sobre el futuro de un modelo institucional fundamental para la vertebración social de nuestros territorios.
Las diputaciones son quizás la administración más desconocida. Es quizás ese desconocimiento el que ha llevado a algunas formaciones políticas a cuestionar el papel de las diputaciones. De otra manera es difícilmente comprensible que se plantee suprimir una institución que garantiza los servicios básicos a los municipios, especialmente los de menor población.
Las diputaciones, bien gestionadas como en Castelló y València, son un elemento de transformación social, reequilibrio territorial, descentralización y modernización de las políticas públicas. Así lo demuestra, entre otras muchas políticas impulsadas por los gobiernos progresistas, la implantación del Fondo de Cooperación Municipal.
Este mecanismo de cooperación institucional articulado por la Generalitat ha supuesto una inyección de 240 millones en los municipios desde su puesta en marcha por parte de la Generalitat. Las diputaciones de Castelló y València, gobernadas por los socialistas, se han sumado a esta iniciativa que permite a los ayuntamientos recibir fondos incondicionados para desarrollar políticas públicas. Y quienes somos alcaldes o alcaldesas sabemos bien lo que significa para nuestros municipios recibir ingresos para destinarlos a las necesidades reales de la ciudadanía, ni a farolas ni a campos de fútbol, sino a lo que realmente necesiten tus ciudadanos en cada momento. Esto tiene un nombre: municipalismo.
Las socialistas y los socialistas somos municipalistas por convicción, porque estamos en política para mejorar la vida de la gente. Y no hay manera más efectiva de mejorar tu calidad de vida que desde el municipalismo: desde esa puerta de los ayuntamientos que siempre está abierta para ofrecer más servicios públicos, mejores instalaciones donde convivir y crecer como sociedad, desde esas ayudas que en los peores momentos son las primeras en llegar. Y para desarrollar esas políticas se necesitan recursos económicos y humanos, y ahí es donde las diputaciones están jugando un papel fundamental de colaboración con los ayuntamientos, especialmente los de menor población. Es ahí donde también las diputaciones reivindican -como los ayuntamientos- más financiación y competencias propias. Porque sin recursos y competencias dificilmente podremos seguir ejerciendo de palanca transformadora desde los servicios intermunicipales.
Los socialistas somos municipalistas, y las diputaciones de Castelló y València, presididas por José Martí y Toni Gaspar, aplican sin dobleces este axioma. La Diputació de València acaba de aprobar una aportación extraordinaria al Fondo de Cooperación que aumentará hasta los 80 millones los fondos destinados a los Ayuntamientos. Una inversión de más de 30 euros por habitante en la provincia de València que el PP se niega a aplicar en Alicante; con un presidente provincial más interesado en utilizar la Diputación para ser diputado autonómico en la oposición que para mejorar la vida de la provincia de Alicante.
El Fondo de Cooperación es solo un ejemplo, pero en la Diputació de València podríamos sumar un Plan de Inversiones de 144 millones en el que son los municipios los que deciden los proyectos que impulsan. Cerca de 90 euros de inversión por habitante solo con estas dos iniciativas. Pero lo que es más importante: son los propios alcaldes o alcaldesas los que deciden a qué destinan esos recursos. En el PSOE decimos descentralización y aplicamos la descentralización de la gestión, defendemos que los municipios son ‘mayores de edad’ y garantizamos su autonomía en la gestión de los recursos.
Es el momento del municipalismo, lo hemos demostrado durante la crisis sanitaria con una gestión eficaz y debemos demostrarlo en transformación social que garantizarán los fondos europeos. Es la hora del municipalismo y de las diputaciones porque son una herramienta determinante para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, residan en grandes concentraciones urbanas o en municipios en riesgo de despoblación. Y el municipalismo necesita de forma urgente más financiación para combatir las brechas entre ciudadanos, para poder hacer frente al reto demográfico y la digitalización. Es la hora de las diputaciones, de modernizar y consolidar una institución garante de derechos, y vital para la transformación sostenible y digital de nuestras provincias.