Un técnico supervisa una resonancia magnética en Eresa (GUILLERMO LUCAS)VALENCIA. La UTE Erescanner Salud redujo la facturación de las resonancias al empezar las inspecciones por parte de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención General. Así lo muestran los datos del informe de la Intervención General de la Generalitat (IGG) sobre la gestión de servicios públicos por concierto para la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética.
Se desgrana la facturación presentada por la empresa desde 2009 hasta 2015 y en ella se puede observar como, de los más de 40 millones que se facturan entre 2009 y 2011, en el último año baja hasta 37 millones, prácticamente diez millones menos.
La adjudicataria del servicio, la empresa UTE Erescanner Salud, SL, -formada por las empresas Eresa-Inscanner, SL, Ribera Salud, SA, y Beanaca, SA- presentó una facturación para el periodo 2008-2015 de 291.419.193 euros. El contrato del servicio dio inicio el 30 de octubre de 2008 y cuenta con un plazo máximo de ejecución hasta el septiembre de 2018.
La viceintervención pone de manifiesto varios errores de facturación, que no acaba de detallar debido a que su análisis ha sido solo en tres departamentos por muestra aleatoria. Además, la empresa propuso ajustes económicos con los resultados de una auditoría externa que el organismo aceptó en parte. Sin embargo, la falta de explicaciones respecto a los tres restantes hospitales -que no ha muestreado el organismo de la Generalitat- impiden considerar que se han producido efectivamente.
"Los importes globales de cada uno de esos 20 errores, que arrojan un saldo favorable a la empresa no han podido ser verificados debido tanto a la falta de desglose de las actuaciones que integran cada uno de ellos, como por haber efectuado el control sobre una muestra de tres departamentos", apuntan.
El informe alude a los criterios que fueron negociados en 2007, al amparo del anterior contrato firmado entre las partes, que estuvo vigente en el periodo 2000-2008. Por su parte, el posterior expediente de licitación no hacia referencia alguna a ningún criterio o regla de facturación sino que se limitaba a establecer el catálogo de exploraciones y su correspondiente valor económico. "De esta forma los potenciales licitadores que quisieran intervenir desconocían las reglas económicas que regirían la facturación, con la consecuente alteración de la libre competencia", señala.
El control sobre las incidencias de facturación no ha incluido el año 2008, que solo afectaba a los meses de noviembre y diciembre, "ante la gran dificultad que los órganos de gestión han experimentado a la hora de localizar las primeras mensualidades de aplicación del concierto", ni 2012, año en el que, como consecuencia de la crisis, se fijó una facturación máxima a la empresa.
El informe concluye que la prestación del servicio de resonancia magnética "ha contado con un insuficiente control por parte del órgano de contratación, que no ha conservado los poderes de policía que le atribuía el contrato y ha provocado que la ejecución del mismo haya dependido en gran medida de la voluntad de la empresa contratista".
El documento destaca "la inexistencia de unos criterios únicos de gestión y facturación por parte de la conselleria; la existencia de catálogos propios en cada departamento de salud, que difieren del previsto en el contrato; la ausencia de implicación activa por parte de los servicios de radiología de cada uno de los hospitales y la aplicación de criterios propios de facturación por parte de la empresa al margen del contrato".
La conselleria recalca que se trata de un análisis cuyo ámbito temporal comprende del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 y recuerdan que el contrato vigente de diagnóstico con resonancia magnética acaba en septiembre de 2018 y no se va a renovar. "Desde hace más de un año, la Conselleria de Sanitat está planificando la integración en el sistema público del diagnóstico por resonancia" explican.
Se ha creado un grupo de trabajo de radiodiagnóstico en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública constituido por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, técnicos sanitarios en radiodiagnóstico, representantes de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana y personal representante de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria, Alta Inspección y Recursos Humanos y Económicos en los que se está trabajando la planificación de la internalización ante la próxima finalización del contrato en el 2018.
Uno de los pasos consiste en extender el modelo C contemplado en el contrato vigente, una fórmula que permite a los profesionales del sistema público participar en el diagnóstico usando los equipos privados instalados en los hospitales públicos. "De esta forma, se permite que los profesionales se vayan formando de cara a la recuperación del servicio", apuntan. Esta fórmula permite ahorros de entre 400.000 y dos millones anuales. Este modelo se aplica ya en 9 hospitales, seis más que con el anterior Consell.
Por otro lado aseguran que han reaccionado a la dejadez y falta de control y ya se han puesto en marcha distintas medidas para controlar la actividad de concesionaria. Respecto al informe de la Intervención, la Conselleria de Sanitat ha activado distintas medidas para hacer frente a la falta de supervisión como dar operatividad a la Comisión Permanente de Expertos, órgano que se creó en 2013 y estaba congelado.
La Conselleria también ha aprobado un catálogo corporativo único para pruebas de radiodiagnóstico (que incluyen las resonancias magnéticas) que ha sido validado en el marco de la Comisión de Expertos. Ello permite la aplicación de unos criterios de facturación claros, definidos y únicos para todos los departamentos de salud, con efectos de 1 de enero de 2017.
