Consejeros y miembros de la comisión de investigación de la EMT. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. Penúltima reunión de la comisión de investigación sobre el fraude perpetrado contra la EMT de València. Este miércoles estaban llamados a la cita el viceinterventor y el responsable de las auditorías del Ayuntamiento de València para profundizar en los protocolos de control que rigen el consistorio de la capital y que precisan las empresas municipales.
Así, según varias fuentes presenciales, ambos intervinientes consideraron "destacable" la falta de protocolos de control y de organización interna en la empresa pública de transportes que dirige el edil Giuseppe Grezzi. Ambos responsables municipales convergieron con los planteamientos tanto de la oposición -PP, Ciudadanos, y Vox- como del PSPV: no existían manuales internos de procedimientos, lo que provocó, entre otras cosas, que no estuvieran claras las funciones que debían asumir cada empleado en momentos excepcionales, como fue este.
Es más, el propio gerente de la empresa, Josep Enric García, declaró la mañana de este miércoles en el juzgado que, aunque sí existen procedimientos que fijan las funciones, en efecto, no hay ningún documento donde se detalle quién hace qué y quién asume las tareas de los empleados que no están en su puesto de trabajo por baja o por vacaciones. Algo a tener en cuenta dada la excepcionalidad que vivió la empresa durante el mes de septiembre.
Huelga recordar que cuando se produjo la estafa, entre el 3 y el 23 de dicho mes, el gerente estaba de viaje por vacaciones durante las primeras jornadas; la jefa de Gestión, María Rayón, se encontraba de baja por maternidad; y una administrativa del área económica, la responsable de revisar las cuentas, también se encontraba inoperativa. En este escenario, la jefa de Administración, Celia Zafra, fue presuntamente engañada por unos ciberestafadores para transferir cuatro millones de euros a dos cuentas emplazadas en China.
Lo cierto es que, a posteriori de la estafa, la empresa elaboró un documento que explicaba cuál era el procedimiento de pagos a proveedores, según el cual Zafra preparaba las facturas, Rayón y García aprobaban las transferencias mediante firma digital mancomunada, y una administrativa del equipo de Zafra realizaba la conciliación bancaria: el cruce de datos de la cuenta con los apuntes de la empresa para ver que todo cuadra. No obstante, el informe explicaba que cuando esta última empleada no estaba, la tarea recaía en Zafra.
Un extremo que negó tajantemente la mencionada administrativa, quien su comparecencia en el pasado encuentro de la comisión de investigación, declaró que nadie la sustituía cuando ella no trabajaba, y que, de hecho, desde que ella se había ido de vacaciones el mes de agosto hasta su llegada a finales de septiembre, nadie había realizado esta tarea de conciliación bancaria.
Tanto es así que, subrayó, al reincoporarse, empezó la tarea por donde la había dejado en verano y hasta noviembre no llegó a revisar los movimientos de los días en los que había sucedido la estafa. Además, según la dirección de la EMT, esta tarea se realizaba con carácter diario. Todo lo contrario a lo que explica la mencionada empleada, quien insiste en que se lleva a cabo a mes pasado. La empresa, pese a las peticiones de la oposición, todavía no ha facilitado un documento de conciliación para comprobar su regularidad.
El viceinterventor y el responsable de auditorías del Ayuntamiento apuntaron a este respecto que si hubiera ocurrido un caso similar en la administración del consistorio, con los protocolos que allí rigen el control de tesorería, la estafa se hubiera detectado el mismo día de inicio o durante la jornada siguiente, nunca una veintena de días después, como sucedió en la EMT. En otras palabras, los dos responsables del control en el Ayuntamiento admitieron que si la conciliación se hubiese realizado y hubiese sido diaria, la sangría se habría atajado al momento.
Los estafadores consiguieron que la jefa de Administración, Celia Zafra, mantuviera las operaciones en secreto tras convencerla para que firmara una -falsa- cláusula de confidencialidad. De hecho, es uno de los puntos de apoyo de la defensa de Zafra para justificar su silencio durante aquellos días. No obstante, la declaración en el juzgado de su superior, María Rayón, admite que, aunque había sido algo esporádico, sí se había dado una operación con carácter confidencial y a cuya información pocas personas tenían acceso, como la decisión de que la EMT gestionara el nuevo parking de Brujas de la ciudad.
Asimismo, Rayón subrayó ante el juez la profesionalidad de Zafra, una trabajadora que llevaba más de 35 años en la empresa y cuya forma de funcionar acostumbraba a ser diligente, en ocasiones de forma excesiva, explicó. En la intervención también desarrolló la tensión del momento en el que Zafra fue informada de que había sido una estafa. Al respecto, el gerente dijo que en apariencia, Zafra no estaba ocultando nada. Luego, en la carta de despido sí se reflejó que, supuestamente, Zafra habría ocultado dos correos.
Nadie vio las cuentas
En la veintena de días en los que sucedió la estafa, ningún directivo vio las cuentas bancarias. Así se traduce de la declaración tanto del gerente como de María Rayón que tuvo lugar este miércoles en sede judicial. Ambos, responsables de firmar transferencias mediante la plataforma digital de forma mancomunada, reconocieron entrar a la banca online para realizar los pagos de unas remesas en septiembre. No obstante, pese a acceder a la plataforma, ambos subrayaron que no consultaron la cuenta, ni el saldo, ni los movimientos bancarios, por lo que no pudieron percatarse de los pagos irregulares. El gerente, explicó, no suele acceder a las cuentas.
Hay que recordar que Rayón, pese a estar de baja maternal, guardaba algunas funciones estratégicas de la empresa, como la de firmar transferencias, negociar con el Banco Europeo de Inversiones, y diseñar los presupuestos de la entidad. Una circunstancia en la que la oposición ha visto una posible irregularidad en materia laboral y sobre la que se le preguntó en la comisión de la investigación al comité de empresa, Gabriel de Las Muelas, quien "no lo ve claro", según fuentes de la comisión. Por contra, la abogada laboralista de la EMT, citada también a comparecer, no lo consideró irregular.
Asimismo, en la comisión de investigación declaró un técnico del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), llamado para arrojar luz sobre lo que sucedió en materia de protocolos. Así, el declarante subrayó que la entidad bancaria que tramitó los pagos, Caixabank, debería haber adoptado medidas de diligencia reforzadas ante operaciones inusuales. Aunque, eso también, apuntaron a debilidades en el control de gestión por parte de la EMT.
Así, en Compromís explicaron que con las firmas mancomunadas de la EMT "nunca se deberían haber cumplido esas operaciones por parte de Caixabank, ni tan siquiera la primera". El PSPV, por su parte, indicó que esta situación se produjo como consecuencia de una "concatenación" de fallos tanto de la EMT como de la entidad bancaria. Los socialistas subrayaron que en la EMT "han fallado o no existían protocolos de protección", y apuntaron a posibles fallos de control de Caixabank.
Los consejeros del PP Marta Torrado y Carlos Mundina, declararion que las sucesivas declaraciones de los comparecientes "están poniendo en evidencia que se han producido gravísimos fallos en los protocolos de seguridad de los pagos y que había una despreocupación absoluta por el funcionamiento de la empresa". Por su parte, el concejal de Cs Narciso Estellés subrayó que se están constatando "graves debilidades de la EMT en aspectos económico financieros" previos a la estafa y que se seguían "normas contrarias a las buenas prácticas empresariales que los técnicos externos aconsejan como idóneas". Unos planteamientos que también suscribió el concejal de Vox Vicente Montáñez.
Huelga recordar que Cs ya ha llevado el fraude al Tribunal de Cuentas, que investiga lo sucedido. La EMT, por su parte, todavía no ha decidido qué hacer tras aplazarse esta determinación tres ocasiones en dos meses. Por otra parte, el PP anunció este miércoles que el consistorio, a propuesta de su grupo municipal, dentro del Plan Anual de Control Financiero de 2020, va a encargar la emisión de un informe de control interno y procedimientos que revise "con detalle" los circuitos de compras y pagos a la EMT.
