La Intervención detecta nombramientos irregulares y fraccionamiento en la Fundación València Activa

VALÈNCIA. La Intervención del Ayuntamiento de València ha detectado diversos "incumplimientos significativos" de la normativa al fiscalizar el funcionamiento de la Fundación València Activa. Según el órgano de control, el organismo habría incurrido en deficiencias de procedimiento en el nombramiento de directivos así como otras relativas a la contratación, donde se han hallado posibles fraccionamientos.

Así, el informe, que ya tiene en cuenta las alegaciones de la Fundación y que está fechado del 15 de diciembre, pone el foco, entre otras cosas, en el nombramiento de los cargos directivos. Por ejemplo, del gerente, Javier González Cardona, contratado en 2015 durante un patronato extraordinario. Según la Intervención, en su nombramiento "se hizo una referencia a su competencia profesional y experiencia", pero sin embargo "no queda acreditado en el expediente".

También pone de relieve algunas cuestiones relativas a los dos subdirectores nombrados en 2017 y 2018, Blanca Marín y Javier Mateo. "Por lo que respecta al nombramiento de estos directivos, en las actas en las que se autoriza la contratación de los mismos no se justifica que la designación haya atendido a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad", explica el organismo, además de señalar que este procedimiento sólo es válido para nombrar al máximo órgano de dirección del ente.

Por ello, sobre estos cargos asegura que estarían más próximos a una disposición de la legislación en la que el nombramiento, además de tener en cuenta las condiciones indicadas, "se debería llevar a cabo mediante procedimientos que garantizasen la publicidad y la concurrencia". Asimismo, la Intervención señala que estos dos cargos no están previstos en los estatutos y, por tanto, se han creado "sin un soporte jurídico", además de haberse realizado sin el informe obligatorio del servicio de Personal del Ayuntamiento.

En cuanto al resto de personal, el informe definitivo cuestiona la manera de proceder en algunas altas. En 2019 tuvieron lugar 23 altas, una de trabajador fijo y el resto de carácter temporal. Sin embargo, la práctica totalidad "no se corresponde con puestos de trabajo previstos en la relación de puestos de trabajo". Otra de las deficiencias que se encuentra es que no se fijan criterios objetivos para la selección, que no se realiza a partir de pruebas de aptitud, sino con los currículums y una entrevista.

"En los expedientes no queda suficientemente acreditada la puntuación otorgada por estos conceptos", señala, además de poner de relieve que no se publicitan los resultados del proceso selectivo y al no haber suficientes candidatos para cubrir 13 plazas de administrativo, se tuvo que rebajar el requisito académico inicial. Incluso algunos candidatos fueron seleccionados después del acta de la comisión de selección.

Asimismo, el informe pone en cuestión otros apartados de este ámbito como la renovación de contratos temporales sin proceso selectivo mediante. Esto conlleva "el riesgo de que adquieran condición de fijeza".

Pero también se han hallado irregularidades en la contratación de bienes y servicios. Aquí, entre muchas otras consideraciones, el auditor insiste en el apartado de los contratos menores, como suele ser habitual. Así, especifica que los servicios que son habituales o recurrentes no pueden contratarse mediante contratos menores, sin concurso, motivo por el cual ha encontrado fraccionamiento de contratos, incumpliendo la normativa de contratación.

Ejemplo de ello podría ser la contratación del servicio de limpieza de uno de los locales de la Fundación. En 2019 la suma de los desembolsos por este servicio ascendió a más de 29.000 euros, cantidad superior al límite fijado para los contratos menores de servicios -15.000 euros-. Algo similar a lo que ocurrió con algunas campañas publicitarias, cuyo sumatorio asciende a 34.000 euros, cuestión que a final de año se acabó subsanando.

El PP ha exigido una comisión de investigación mientras que Cs ha reclamado la dimisión del gerente y de los dos subdirectores, según han informado en respectivos comunicados. Según el PP, estas irregularidades se remontan a la época en que la dirigía la vicealcaldesa, Sandra Gómez y subraya que "casualmente" los dos subdirectores iban de número 9 y 10 en la lista del PSOE al Ayuntamiento de València y ambos "fueron nombrados a dedo para desempeñar estos cargos sin ningún proceso de selección de libre concurrencia". Los populares llevarán la auditoría a la Agencia Antifraude.

El concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha señalado que “han cambiado mucho las cosas en el Ayuntamiento de València” y que "ahora es el propio Gobierno el que ha establecido mecanismos para controlar su sector público, cuando antes era una fuente de opacidad y casos de corrupción”. Para el socialista, el PP busca "aprovechar que este gobierno hace los deberes, estableciendo mecanismos de control, transparencia y armonización de su sector publico para intentar hacer pensar a la gente que todos somos iguales que ellos".

“Es el propio Ayuntamiento quien está ejerciendo una labor activa de control para mejorar sus procedimientos” por eso, ha continuado, “todos aquellos elementos que haya que mejorar en todo el sector se harán y en esto se enmarca este organismo de control que es una cuestión técnica a la que se está atendiendo desde todo el sector publico”.

Cinco empresas y fundaciones, con la auditoría desfavorable

La Intervención General Municipal (IGM) ha concluido como desfavorable la auditoría sobre la gestión del ejercicio presupuestario en cinco empresas y fundaciones municipales: Valencia Activa, Deportiva Municipal, Fent de Tot S.L., Palau de la Música, parques y Jardines singulares y Escuela Municipal de Jardinería, y ha denegado la de otras cuatro por falta documentación, según ha desvelado el PP en un comunicado.

La Intervención ha denegado la elaboración de una auditoría sobre la gestión de cuatro empresas o entidades del sector público por no poder hacer la valoración al faltar documentación: Junta Central Fallera, Fet de Vidre S.L., Consell Agrari Municipal y Universitat Popular. Estas auditorías corresponden al ejercicio 2019 y han sido realizadas dentro del Plan Anual de Control Financiero de la IGM para el ejercicio 2020.

Para la portavoz del PP, María José Catalá, el "desgobierno" del Rialto "extiende sus tentáculos por las empresas y fundaciones del Ayuntamiento, gestionadas muchas de ellas sin el rigor necesario que requieren estas entidades públicas por depender fundamentalmente de los fondos del consistorio y de otras administraciones".

Por su parte, Giner ha anunciado que su grupo pedirá el próximo viernes en la Comisión de Hacienda la dimisión de los dos subdirectores de la Fundación Valencia Activa y solicitará una convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto por el Empleo para que la fundación "aclare los términos de la auditoría". También llevará al Consell de Transparència incumplimientos en materia de la Ley de Transparencia.