La Intervención halla irregularidades en todas las adjudicaciones a Crespo Gomar

VALÈNCIA. (EFE). La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en "la práctica totalidad" de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís.

Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y ex vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación -la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006- vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.

Por este motivo, en un auto que ha hecho público la Cadena SER -fechado el pasado mes enero- la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal estarían prescritos.

La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.

La jueza considera que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", añade el auto.

En la documentación aportada a la causa aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos.

La jueza expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandia.

En 2009, y desde esta misma administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.

Además, cita otros posibles contratos en los que pudo resultar favorecida esta firma, a través de la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, posteriormente designada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, con quien trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

La mayor de estas adjudicaciones -aunque no recogida en este auto- desde Consumo fue de 2.077.678 euros, si bien Crespo Gomar también resultó adjudicataria de servicios de comunicación para el ministerio de Medio Ambiente -entonces dirigido por Cristina Narbona- (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

La jueza relata además cómo las indagaciones policiales han puesto de relieve las relaciones ente el PSPV y Crespo Gomar, cuyo gerente es Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.

Igualmente, expone que Alberto Gomar creó la mercantil Opino Media, de la que posteriormente se encargó José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de Egevasa, empresa pública mixta de la Diputación de València, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident de la Generalitat Joan Lerm, de Orengo y de la exalcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau.

Opino Media fue adjudicataria de dos contratos para la instalación de "opinómetros" en Gandia y Benidorm en 2009 y 2010, respectivamente, que también están bajo el foco judicial.

Se investiga asimismo la adquisición de un inmueble en Gandia por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50 % por el Ayuntamiento de Gandia.

Dicho inmueble pertenecía a Antonio Gomar, pero en 2006 se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.

Respecto a esta operación, la jueza indica que "queda pendiente la práctica de la tasación pericial del inmueble y la entrega del expediente administrativo de la subvención".