VALENCIA. La Intervención de la Generalitat insta al Consell a recortar las subvenciones a Feria Valencia por una cantidad equivalente a los sobrecostes que se hayan pagado en las obras de ampliación y modernización del recinto, aprobadas en 2002.
La financiación de ese plan, estructurada en dos fases con aval y subvención públicos, asciende a 587,1 millones de euros, pero puede acabar costando más de mil millones a las arcas públicas por la incapacidad de Feria Valencia de contribuir a la devolución de los préstamos. Esta estimación forma parte de un informe de la Intervención en el que el ente fiscalizador de la Generalitat también asegura haber detectado sobrecostes de hasta un 77,4% en construcciones e instalaciones de la Feria.
Por la primera de las fases asociada al plan de modernización, la Generalitat ya ha desembolsado 151 millones de euros sobre un compromiso total de 325 por su condición de avalista. Por su parte, Feria Valencia sólo ha podido aportar 28,37.
El Consell, según anunció este lunes el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, aprobará próximamente un decreto ley mediante el que renunciará a reclamar a la Feria la devolución de las cantidades, que pasarán a ser consideradas una subvención.
Con ese decreto a medida, la Generalitat sortea el criterio manifestado por la Intervención de la Generalitat en un informe en el que le instaba a reclamar de vuelta las cantidades desembolsadas debido a su condición de avalista. La alternativa sería forzar la quiebra del recinto ferial.
No sucede lo mismo con la financiación de la segunda fase de la ampliación de Feria Valencia, que incluyó entre otras actuaciones el centro de eventos. A finales de 2004, el patronato de Feria Valencia aprobó una ampliación del plan de modernización por un importe adicional de hasta 262 millones. La financiación de las actuaciones fue gestionada y diseñada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) mediante un "mandato de colaboración" asociado a varios créditos.
Al contrario de lo que sucedía con la financiación de la primera fase, en la que existía cierta controversia entre si la aportación pública se debía considerar aval o subvención, en este caso sí quedó claramente plasmado en el convenio firmado el esquema de financiación.
Según relata el interventor en su informe, el 21 de diciembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración con la Generalitat mediante el cual la administración pública aporta como subvención los fondos que Feria Valencia necesita para ir devolviendo los créditos. De no ser así, Feria Valencia no podría hacer frente a la totalidad de la carga financiera.
Se trata, según fuentes conocedoras del proceso, de una subvención finalista condicionada a la adquisición de materiales "a precios de mercado". Por ello, según el criterio de la Intervención, la Generalitat debería reclamar el "derecho de reintegro de los excesos de subvención". "Si ha habido sobrecostes, la subvención está pagando algo que no se ajusta a derecho", explican las fuentes.
Por la financiación de la segunda fase, la Generalitat ya ha desembolsado 61,5 millones de euros de principal más otros 52,5 millones de intereses. Los compromisos se extienden hasta el año 2029.
Respecto a las inversiones acometidas como parte del plan de modernización, el informe de la intervención concluye que la inversión final en construcciones e instalaciones se han desviado un 86,27% respecto al proyecto inicial: 152 millones por modificaciones (una desviación del 52,5%) y otros 98 millones de euros por nuevos proyectos (33,76%).
El convenio de colaboración que regula la subvención asociada a la ampliación del plan de modernización obliga a Feria Valencia a justificar las inversiones realizadas mediante una cuenta justificativa auditada (que justifique la existencia real de la inversión), acompañada de una memoria de actuación y otra económica.
El interventor da cuenta de tres informes del auditor de 2007, 2008 y 2009 certificando una inversión final de 587,1 millones, pero sin pronunciarse sobre la ejecución real de las inversiones.
Por ello, la Intervención General encargó a técnicos de la Conselleria de Infraestructuras una revisión del material empleado en la inversión que arrojó unos sobrecostes de hasta un 77,4% en construcciones e instalaciones.
El reducido tamaño de la muestra analizada (11,8 millones) sobre el total de la inversión fue criticada tanto por los gestores de la Feria como por los anteriores responsables del Ayuntamiento de Valencia, que presentaron alegaciones a la misma.