VALÈNCIA. La enésima supuesta trama de corrupción destapada en la Comunitat Valenciana nace lastrada por la prescripción del delito electoral pero continúa viva en otras acciones colaterales. Se investiga si el PSPV y el Bloc -principal integrante de Compromís- utilizaron a constructoras y empresas públicas para pagar sus actos electorales y si desde varios ministerios se concedieron adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar, que presuntamente utilizó el PSPV para canalizar los pagos de los empresarios. Una mecánica similar a la de la trama Gürtel de la que se benefició el PP. Como se ha visto en el caso de los cabecillas del Grupo Correa, de confirmarse este modus operandi implicaría varios delitos tipificados con penas altísimas de prisión. De hecho, las condenas que se les puede llegar a imponer a los cargos públicos implicados, así como a las personas investigadas de las instituciones y empresas públicas, podrían alcanzar los 14 años de cárcel.
Unas penas muy altas que generan mucha incertidumbre entre más de un socialista y del Bloc, ya que todavía no hay nombres concretos vinculados a la investigación, pues está sigue bajo secreto de sumario. Lo que sí que hay son correos electrónicos que señalan algunas personas como es el caso del histórico del PSPV y exresponsable de las finanzas de la formación José María Cataluña, la exsecretaria local de Organización del PSPV-PSOE de Benidorm Anabel Hallado o el citado como "Lluís Miquel", que los indicios apuntan que podría ser Lluís Miquel Campos, el actual jefe de Gabinete del presidente de Les Cortes, Enric Morera.
Los delitos de malversación de caudales públicos están castigados con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, la falsedad documental está penada con entre tres y seis años de cárcel y la prevaricación administrativa acarrea entre nueve y 15 años de inhabilitación. Es más, fuentes consultadas por Valencia Plaza no descartan que el catálogo delictivo bajo investigación se amplíe al cohecho, lo que supondría ampliar las posibles condenas de tres a seis años más, llegando así a un máximo de 20 años de prisión.
De hecho, la mecánica supuestamente utilizada tanto por el Bloc, como sobre todo por el PSPV, es igual a la utilizada por la trama Gürtel, cuyos dirigentes así como varios políticos del PPCV, están siendo juzgados o a la espera de juicio en las diferentes piezas que tiene la causa por, entre otros, estos mismo delitos.
Entre las empresas públicas que se investigan en el caso del Bloc está Egevasa, empresa participada mayoritariamente -51%- por la Diputación de Valencia que presuntamente habría abonado 29.000 euros con la que se habría sufragado la campaña Adéu PP, con un coste de 8,763 euros, así como diversos actos y merchandising electoral. La parte privada de Egevasa pertenece a Aguas de Valencia (grupo Global Omnium), propiedad de la familia Calabuig. Según la información publicada por El Mundo, otra de las empresas implicadas sería Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), cabecera del holding que preside Eugenio Calabuig.
En cuanto a los correos electrónicos que publicaron este jueves Abc y El Mundo, muestran como la mecánica utilizada por ambas formaciones es exactamente la misma que el PPCV utilizó con la Gürtel. En dichas comunicaciones se habla de que son las empresas constructoras las que abonan las facturas de las campañas. Sin embargo, las facturas finales están falsificadas ya que los conceptos se ponen a nombre de las empresas como si se tratara de un trabajo realizado para ellas, cuando en realidad fueron trabajos para las formaciones políticas.
Un ejemplo de ello son las conversaciones mantenidas entre Anabel Hallado y una de las trabajadoras de Crespo Gomar. En los correos se puede leer como se envían gastos de campaña a nombre de las empresas Hospimar SL, y Quick Meals Ibérica SA, así como existe una orden directa de Hallado de facturar a Hospimar. Órdenes que fueron ejecutadas ya que existen las facturas que supuestamente lo demuestran.
La empresa pública mixta anunció este jueves que ha convocado a su Comité de Ética la próxima semana para analizar esta presunta financiación irregular de PSPV y Bloc.
El presidente de esta empresa de Gandía, ya extinguida, es Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde y miembro de la Comisión municipal informativa de territorio, sostenibilidad y vivienda del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo -actual asesor de Ximo Puig-. La empresa fundada por Alberto Gomar y Pepe Crespo era la agencia de publicidad de cabecera del PSOE en la Comunitat Valenciana en aquella época.
En la empresa trabajaron otros nombres históricos del socialismo valenciano, como José Ramón Tiller, José Manuel Orengo y Pepa Frau, que entró en la empresa cuando dejó el Ayuntamiento de Gandia, del que fue alcaldesa. Fue con su llegada cuando la empresa empieza a trabajar de forma continuada para el equipo de Gobierno de la ciudad. Triller además fue uno de los miembros de la candidatura del PSPV de Castellón en los años noventa. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011 y se liquidó y extinguió en 2014.