Rosa Barceló, esposa de Zaplana, con sus hijas. Foto: EFE/ Eusebio CalatayudVALÈNCIA. La magistrada del caso Erial, Isabel Rodríguez, comenzará el próximo mes de octubre con la ronda de declaraciones de aquellos imputados que no fueron detenidos cuando reventó la operación policial. Los imputados 'secundarios' tan solo habían prestado declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), pero no ante la juez, por su relación con el supuesto blanqueo de cerca de once millones de euros a través de contratos a 'dedo' durante el mandato como presidente de la Generalitat del principal investigado, Eduardo Zaplana.
Rodríguez ha citado a 14 personas en cuatro días. El 23 de octubre deberán acudir el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller Juan Cotino y Francisco Pérez y Juan Bautista Fuster, considerados como 'factureros' y colaboradores de los testaferros. Al día siguiente será el turno de la exdiputada del PPCV Elvira Suanzes y de su hermano Saturnino, así como de la secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y Roberto Bataouche, empresario de Benidorm que presuntamente colaboró con Joaquín Barceló.
Durante la tercera jornada pasarán por el Juzgado de Instrucción número 8 de València una de las hijas del expresidente, María Zaplana, y su mujer, Rosa Barceló, además del empresario de Benidorm Ángel Salas, acusado de colaborar con Barceló; y Luís Iglesias, yerno de Zaplana, casado con su hija María.
En la cuarta y última ronda de declaraciones, la magistrada ha citado a María Teresa García, esposa de Juan Francisco García, y María Paloma Domínguez, casada con otro de los testaferros, Francisco Grau.
En otro orden de cosas, la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido que los vehículos de alta gama que le fueron decomisados al expresidente Eduardo Zaplana, así como al resto de los principales investigados, sean utilizados por la UCO mientras no haya sentencia judicial. Los agentes podrán disponer de ellos a partir de esta semana según adelantó El Periódico. El auto informa que si la sentencia es condenatoria los vehículos pasarán a formar parte de la flota de la UCO definitivamente pero si, por el contrario, hay una absolución, deberán ser devueltos a sus dueños.
La decisión de ceder los coches la tomó la magistrada de instrucción, pero la defensa del expresidente la recurrió a la Audiencia Provincial que, finalmente, ha decidido que esos coches sean utilizados para luchar contra la corrupción.
Los coches con los que la UCO contará a partir de ahora son un Audi Q7 y Q3 propiedad de Zaplana y su mujer valorados en alrededor de 110.000 euros, y que la investigación vincula su compra al dinero blanqueado. Pero también podrán utilizar un Volvo S80, un BMW X3, un Range Rover Sport, un Smart Fortwo Coupé y un Honda Jazz Hybrid que estaban a nombre de los testaferros y de las empresas de éstos.
Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido el 22 de mayo de 2018 como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
