La jueza abre juicio oral contra Camps y el resto de acusados por la construcción del circuito de F1

VALÈNCIA. (VP/EP). La jueza que investiga posibles irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en València ha abierto juicio oral contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y otros exaltos cargos del Consell y empresarios acusados en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en València.

La apertura de juicio se produce a pesar de que la Audiencia de València aún no ha resuelto los recursos presentados por la Fiscalía y las acusaciones. La jueza no ha abierto pieza separada para estimar la posible responsabilidad civil de los acusados.

La Abogacía de la Generalitat, por su parte presentó la semana pasada escrito de acusación en el que atribuye a Camps los delitos de malversación continuada en concurso con un delito de prevaricación administrativa, además de otro delito de tráfico de influencias por su presunta implicación en la adjudicación fraudulenta de contratos para la construcción del circuito de F1. 

Por ello, solicita una pena de siete años de cárcel, diecisiete años de inhabilitación absoluta y otros nueve de inhabilitación para cualquier cargo público. La Generalitat cifra el dinero malversado en 55,7 millones de euros, derivados de la construcción de la zona de La Marina, 25 millones; de la zona de paddock y boxes, 23 millones, y otros 7,7 millones de gastos financieros.

Son cantidades no incluidas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento de València, que se comprometía a hacer pagar parte del circuito a los promotores de la zona del Grao, concretamente 45 millones de euros, y reembolsarlo a la Generalitat.

En su escrito de acusación, para Camps, la Abogacía solicita en concreto una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de caudales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.

La Abogacía presentó este escrito de acusación 'ad cautelam' contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora rechazó y esta acusación recurrió debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió que no tenía el "criterio técnico suficiente" para evaluar determinados aspectos.

Acusaba a Flores, pero no a Rambla

Así, la Abogacía decidió no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al extitular de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.

De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de inhabilitación especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.

Entre los empresarios figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados 'papeles de Bárcenas' como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento de la magistrada y recordaba la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.

La Abogacía ve 55,7 millones no recuperables

En el auto de procesamiento de la jueza, esta exponía que la construcción del circuito fue una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostenía que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.

Por su parte, la Abogacía destacaba en su escrito que "aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente".

Con todo, la Abogacía de la Generalitat realizaba un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifraba en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto "que no resulta en ningún caso recuperable", que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte "que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007", que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.