Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La jueza encargada del caso Azud ha decidido sobreseer la investigación para un total de ocho personas, entre ellas dos directivas de Secopsa. Todas figuraban en la pieza principal de esta instrucción, centrada en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones de la Comunitat Valenciana durante 15 años. Empresarios y políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Uno de los principales investigados es el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Los investigadores creen que podría haber cobrado comisiones procedentes de contratistas del Ayuntamiento desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.
Fue el 24 de noviembre de 2017 cuando la jueza acordó seguir las actuaciones contra el grupo Secopsa y las empresas que lo conformaban debido a su posible participación en estos hechos. Secopsa es una de las históricas contratas de obras del Ayuntamiento de València. La empresa de la familia Prieto fue adquirida en julio de 2015 -después de los presuntos hechos que se investigan- por el Grupo Gimeno.
La magistrada investigó entonces a Carmen y Amparo Prieto, hermanas de Vicente Prieto, y a las que ahora sobresee. En el auto, la jueza recuerda que ambas eran accionistas de la mercantil Saprico y a su vez ostentaban el cargo de consejeras delegadas. Saprico participaba a Secopsa (94%), Secopsa Medioambiente (93,98%) y Edificaciones Prieto (100%), entre otras.
"Por tanto, desde el principio, por su condición de consejeras delegadas, tenían la condición de investigadas para determinar qué grado de implicación tenían, y si lo tenían, en relación a las actuaciones de contratación de los servicios del señor Corbín", expresa la magistrada. Motivo por el que, argumenta, se acordó la apertura de sus cajas fuertes para comprobar si existían documentos relacionados a lo ocurrido. "Se encontraron ciertas cantidades de dinero y, a la vista del tiempo transcurrido con los hechos investigados, no se procedió a su decomiso", dice el auto.
Tras las indagaciones, la jueza concluye que no existen motivos para continuar la causa contra las hermanas Prieto al "no haber quedado acreditada la perpetración de los delitos". Algo que ha contado con el informe favorable de la Fiscalía.
La magistrada ha decidido archivar igualmente la causa al que fuera consejero delegado de la histórica constructora valenciana Cyes, Fernando Huet; al exgerente de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia Juan Morote; a una persona que realizó trabajos de estudios y asesoría para el empresario Jaime Febrer; a un asesor fiscal; y a dos trabajadores del entramado empresarial de Febrer.
En el caso de Huet, el auto detalla que se le investigaba por su presunta participación en el pago de contraprestaciones económicas por el supuesto trato del Ayuntamiento de València a Cyes. Estos pagos, cuyo importe se prolongó entre los años 2006 al 2009, ascenderían a unos 200.000 euros, destinados a la mercantil Corbín Abogados. Los movimientos de fondos entre ambas mercantiles se habrían producido en base a una justificación contractual y de facturación fraudulenta que las habría dotado de cobertura legal, dice la jueza.
Huet, sin embargo, puso de manifiesto que se incorporó a Cyes en octubre de 2002 hasta el año 2004. Después pasó, hasta 2006, a Consorcio Valencia 2007, y representado a Cyes hasta el 9 de enero de 2013. Explicó también que la relación de la constructora con el despacho de Corbín se formalizó a través de la firma de un contrato de fecha 30 de diciembre de 2005, época en la que el investigado no estaba en Cyes.
En su declaración ante la magistrada afirmó que no conocía personalmente a Corbín y no había tenido ningún contacto con él el mismo. Tampoco conocía la existencia de dicho contrato.
Sus funciones en la empresa, destacó, se limitaban a conseguir una reorganización y estructuración de la misma. Así, aportó al juzgado una carta remitida al que fuera presidente de Cyes, Felipe Almenar, en octubre de 2012 en la que se hacían constar dichas funciones y, posteriormente, otra carta fechada de julio de 2013 en la que le presentó su dimisión por discrepancias en la efectiva gestión empresarial.
