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utiliza el decomiso, una de las figuras jurídicas más polémicas del Código Penal

La jueza de Erial decomisa casi 7 millones de euros entre efectivo, pisos y coches de los imputados

Foto: KIKE TABERNER
20/06/2018 - 

VALÈNCIA. La magistrada instructora del caso Erial, que investiga sobornos y blanqueo de capitales, entre otros delitos, en relación con las adjudicaciones de los planes eólicos y las ITV de la Comunitat Valenciana, ha acordado el decomiso de casi siete millones de euros entre efectivo, propiedades inmobiliarias, vehículos y enseres de los diferentes imputados en la causa, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se encuentra en prisión provisional. La jueza ha utilizado el decomiso en lugar del más habitual embargo de bienes.

La instructora toma esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y explica que "es procedente, a la vista de la instrucción practicada hasta el momento, la documentación fiscal, registral, bancaria, llamadas telefónicas y vigilancias, acordar el decomiso de los bienes habida cuenta de que se presumen adquiridos con el dinero obtenido de los sobornos, y presuntamente a través de un entramado que tiene su origen en una sociedad radicada en Luxemburgo, y que luego ha llegado a España a través de diversas sociedades. Sociedades a través de las cuales se han adquirido inmuebles, parcelas, vehículos e incluso dinero obtenido de la amnistía fiscal".

La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y bautizada como operación Erial concluyó con 10 personas entre detenidas e investigadas, entre las que destacan Zaplana; Vicente y José Cotino, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, citado a declarar ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el exsecretario de la CAM Francisco Grau.

Eduardo Zaplana, el día de su detención, en el chalet de Benidorm que le ha sido decomisado. Foto: EFE/MORELL

El dinero decomisado asciende a 3.723.000 euros, de los cuales 2.239.000 se acogieron a la amnistía fiscal del exministro Cristóbal Montoro, 18.000 que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró en casa de Eduardo Zaplana y otros 50.000 que la secretaria personal del expresidente, Mitsouko Henríquez -también investigada-, tenía en su casa y "cuyo origen es de las distintas operaciones de transformación de los bienes origen del delito", según la jueza. 

En cuanto a los bienes, la juez decomisa siete vehículos: dos Audis -de Zaplana-, un Land Rover, un BMW, un Volvo, un Honda y un Smart. También solicita la magistrada que el expresidente entregue su colección de relojes de alta gama.

El grueso de los bienes decomisados corresponde a propiedades inmobiliarias pertenecientes a los investigados. Casi siete millones de euros de valor catastral repartidos en 29 propiedades, la mayoría de ellas a nombre de las sociedades con las que presuntamente se blanqueaba el dinero procedente de las ‘mordidas’ y los sobornos. 

Las citadas propiedades están en Alicante (6), Altea (2), Benidorm (12), Polop (1), Dénia (2), La Vila Joiosa (3), Águilas (1), Jumilla (2), Madrid (1) e Isla Cristina y la Redondela (1). La más cara es una manzana completa en La Vila con un valor catastral de 556.000 euros, y la más barata, una plaza de garaje en Benidorm valorada en 5.000 euros.

'Caso Erial'

En el caso Erial se investigan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza.

El empresario Vicente Cotino, otro de los investigados, tras prestar declaración. Foto: EFE

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002). La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que los empresarios beneficiados podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', un manuscrito con el esquema del supuesto movimiento de dinero entre sociedades para blanquearlo.

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