VALÈNCIA. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de València ha desimputado al exdirector general de la empresa pública Vaersa, Felipe Espinosa, en la causa que investiga los presuntos contratos fraudulentos durante la visita del Papa Benedicto XVI.
En esta causa se investiga, entre otros, a diez personas, entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la Fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación.
Los investigados están acusados de los delitos de delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos. El montante total bajo sospecha son 20 millones de euros que se gastaron en los contratos de publicidad, propaganda, pantallas gigantes y 7.000 urinarios que se colocaron por toda la ciudad. Según la Fiscalía Anticorrupción, dichas adjudicaciones se realizaron sin respetar las más mínimas normas de contratación de la Administración Pública.
En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la juez esgrime que: “De todo lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a Felipe Espinosa Bolaños y por ello es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 789-1 y 641-2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento provisional”.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco solicitó que se le levantara la imputación en el mismo escrito que pedía que se imputara al exconcejal del PP, Eusebio Monzó. Carrasco tomó la decisión tras la declaración de Espinosa. De hecho, fuentes de toda solvencia aseguran a Valencia Plaza, que Espinosa ha asegurado que “está colaborando con la Fiscalía”, lo que podría haber llevado al fiscal Carrasco a pedir el sobreseimiento respecto del interesado.
En su escrito, Carrasco dijo que: “Por otro lado, considerando que a estas alturas de la instrucción consta suficientemente acreditada la falta de participación en los hechos de Felipe Espinosa Bolaños, que desempeñó el cargo de director general de la empresa pública valenciana Vaersa entre 2007 y 2011, y que se encontraba investigado, tras habérsele recibido declaración en tal concepto y resultando de otras diligencias complementarias”, se solicitaba el sobreseimiento.
Dice el fiscal que, a raíz de todo lo anterior, “practicadas -las diligencias-, su inexistente intervención, ni en la contratación de los servicios encomendados a Vaersa, ni en la gestión de la deuda, más allá de lo declarado por él mismo y ratificado por otros que también han declarado en idéntico sentido, así como por Enrique José Simó Arnau, que le sucedió en el cargo, procede acordar respecto del mismo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, sin necesidad de relegar dicho pronunciamiento hasta el final de la instrucción”.
Esta es la primera causa de la que Espinosa sale, de momento, indemne, judicialmente hablando. Es más, tal y como ha ido publicando este periódico, el ex mandamás de Vaersa ya tiene dos condenas por su gestión al frente de la empresa pública, así como un acuerdo alcanzado por el uso fraudulento de la tarjeta de crédito de la empresa, a lo que hay que sumar otra condena, esta de la Audiencia Nacional, por apropiación indebida en una empresa privada y, por último, otra causa abierta por contratar, presuntamente a dedo, a un abogado que cobró dos millones de euros de Vaersa.
Así, Espinosa acumula, 18 años de inhabilitación por por dos piezas separadas del caso tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat. Por la primera de las piezas aceptó ocho años de inhabilitación por la compra irregular de 67 vehículos vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público. Según consta en la sentencia, Espinosa autorizó la compra de los coches a sabiendas de que estaba actuando al margen de la legalidad, tanto en la forma en que se hizo la contratación, sin iniciar el correspondiente expediente administrativo y someterlo a los principios de publicidad, transparencia y confidencialidad, como en el fraccionamiento final de los contratos para eludir el control de otros departamentos de la sociedad.
La segunda condena, de diez años de inhabilitación, vino derivada de las productividades de la empresa Vaersa. En ese caso, la condena vino por autorizar el pago del complemento de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores de la empresa pública entre los años 2007 y 2001, años en los que fue director, sin el visto bueno del Consell. En el ejercicio 2007, el entonces director general adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados. De la misma forma actuó en 2008, repartiendo 416.000 euros; en 2009 con 478.000 y el año siguiente con 502.000.
La tercera, derivada de Vaersa, es el acuerdo alcanzado de dos años de prisión y una multa de 25.000 euros por apropiación indebida, ya que utilizó la tarjeta de empresa de Vaersa para el pago de gastos personales, entre otros, en restaurantes, trajes, viajes o el veterinario. De hecho, ha tenido suerte, pues los gastos de los años anteriores al 2011 están prescritos y, por tanto, no han entrado en la pena y la multa impuestas.
Además, y sin vinculación con Vaersa, Espinosa Bolaños deberá cumplir dos años de cárcel, el pago de una multa de 6.000 euros y a abonar una indemnización como responsabilidad civil de 328.266 euros a la empresa castellonense San Alf Químicas, como autor de los delitos de apropiación indebida y delito societario, por utilizar el dinero de la empresa para sus gastos personales.
