Isabel Bonig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La magistrada que investiga las supuestas irregularidades en 11 contratos durante la visita del Papa ha solicitado que se “averigüen los domicilios que se desconocen de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal” para que sean citados como testigos. Entre los domicilios que hay que averiguar está el de la líder del PPCV, Isabel Bonig, que el fiscal quiere que declare como testigo pues era la consellera de Infraestructuras del gobierno de Francisco Camps, a la sazón, investigado en esta causa.
La magistrada también ha citado, pero como imputado, al que fuera director de la empresa pública Vaersa Felipe Espinosa, quien, tal y como publicó Valencia Plaza en exclusiva fue condenado recientemente por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel, al pago de una multa de 6.000 euros y a abonar una indemnización como responsabilidad civil de 328.266 euros a la empresa castellonense San Alf Químicas, como autor de los delitos de apropiación indebida y delito societario.
Espinosa tiene, además, otras dos condenas derivadas de su gestión al frente de Vaersa. La primera a una pena de 10 años de inhabilitación por autorizar el pago de 1,8 millones de euros en sobresueldos, y la segunda, a 8 años de inhabilitación por irregularidades en la compra de 67 vehículos todoterreno.
En su auto, la magistrada también solicita que se libre un oficio a la Policía Judicial a fin de que realice las gestiones necesarias con relación a las empresas Pavasal, Zenith BR. Media, Acciona, Cavaltur y Fomento de Construcciones y Contratas, para que se requiera a las mismas, a través de sus legales representantes, para que “identifiquen a la persona o personas responsables que intervinieron de modo efectivo y con facultades de decisión en la contratación y facturación con la Fundación V Encuentro” para que, como solicitó el fiscal del caso, “expliquen los hechos relativos a las contrataciones”.
La magistrada, en contra de lo solicitado por el Ministerio Público, que pedía con nombre y apellidos que Francisco José Garrrigós, de Cronosport Bajo Aragón; Vicente José Peris y a Antonio Puig, representantes de las empresas Cuco y Trasgos; José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción, y José María Fortuño, legal representante de la empresa Difusión y Eventos declarasen, tan solo pide de esas empresas que el responsable de FCC acuda a declarar, pero nada dice en su auto del resto.
Además de Bonig, entre la lista de testigos que hay que averiguar su dirección, también se encuentran Juan José María Orts, censor jurado de Cuentas que realizó un informe de auditoría contable para que explique los hechos relativos a la gestión económica, y Eusebio Monzó, entonces secretario autonómico de Hacienda -todavía concejal del PP en el Ayuntamiento-; Francesc Gamero, director del Protectorado en el Registro de Fundaciones de la Dirección General de Justicia, y María José Alfonso, de la Abogacía General de la Generalitat ante la Conselleria de Hacienda, para que aclaren cuestiones relativas al proceso de liquidación y disolución de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.
Los instructores de esta causa investigan, por los presuntos contratos fraudulentos, a diez personas entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de Camps Víctor Campos; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación. Las declaraciones de los investigados comenzaron este martes.
Hasta ahora, la pugna entre las defensas y el fiscal se centra en dilucidar si la fundación era una entidad pública o privada en el momento en que la Generalitat asumió la deuda, ya que el Ministerio Público acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación, delitos que no existirían en el caso de que se tratara de una fundación privada. Con estas nuevas declaraciones, Carrasco tratará de demostrar que la Fundación V Encuentro era pública, lo que le permitiría seguir adelante con el procedimiento.
