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caso erial

La jueza mantiene a Zaplana en prisión preventiva al prorrogar el secreto de sumario

Foto: Foto: EFE/Juan Carlos Cárdenas

La familia está esperando los resultados de las pruebas médicas para volver a solicitar la libertad por “causas humanitarias”

27/12/2018 - 

VALÈNCIA. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València, Isabel Rodríguez, prorrogó este miércoles el secreto de sumario del caso Erial, por el que mantiene desde hace siete meses en situación de prisión provisional al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. La prórroga, tal y como ha ido informando Valencia Plaza, implica que el Molt Honoratble siga entre rejas debido al criterio mantenido por la jueza basado en la posible destrucción de pruebas y el riesgo de fuga.

Esta prórroga se produce en pleno debate sobre el estado de salud de Zaplana, que actualmente se encuentra ingresado en el Hospital Universitario La Fe después de que el tratamiento que llevaba para la leucemia cronificada que padece comenzara a fallar. De hecho, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas a la familia y la defensa del exministro, estos presentarán otra petición de excarcelación por "razones humanitarias" a la magistrada cuando tengan el resultado de las pruebas a las que está siendo sometido esta semana.

Mientras tanto el fiscal, que viajó a Uruguay y Panamá en busca de la información bancaria relativa al caso Erial, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) siguen trabajando en los datos hallados al otro lado del charco. Por su parte, la magistrada instructora sigue apostando porque el expresidente vuelva al presidio en cuanto sea posible, razón por la que pide informe diario del estado de salud de Eduardo Zaplana.

Sin embargo, desde diferentes frentes políticos que van desde Bildu hasta el Partido Popular solicitan la salida de la cárcel del expresidente por su estado de salud. De hecho, el jefe de Hematología de La Fe, Guillermo Sanz, firmante del informe médico que califica a Zaplana de "bomba de relojería con riesgo de muerte inminente", firmó un tuit que decía: "¿Cómo se puede ser a la vez tan despiadado y desconocedor de la realidad? Si no me creen a mí es muy fácil: que pregunten a cualquier perito hematólogo que entienda de trasplante. La juez y el fiscal, el muro contra el que choca la familia Zaplana".

Además de Sanz, el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo envió una carta al juzgado dirigida a la magistrada en la que, entre otras cosas, decía que considera "indignante la injusticia que se está cometiendo con Eduardo, al cual se le está privando del derecho fundamental recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución Española, la presunción de inocencia". Y añadía que Zaplana es "víctima de una gran injusticia", y que "su diagnóstico estremece a cualquier persona bien nacida".

'Caso Erial'

El exministro acaba de cumplir siete meses en prisión. Una situación, la de preso preventivo, que mantiene junto a sus presuntos testaferros principales, Joaquín Barceló y Francisco Grau, desde que todos fueran detenidos dentro de una trama de blanqueo de capitales bautizada como operación Erial.

Según el sumario, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; su ex jefe de gabinete Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción.

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