VALÈNCIA. La Junta de Contratación de la Generalitat Valenciana no se pronunciará sobre la existencia de fraccionamiento en la causa de Expojove que afecta al concejal de València Pere Fuset. El organismo había recibido el requerimiento del juzgado para que emitiese su opinión sobre este aspecto, pero no será así, dado que según ha podido saber este diario, ha 'pasado la pelota' al tejado de la Intervención de la Generalitat.
Así consta en un escrito remitido en contestación por la Junta Superior de Contratación Administrativa, dependiente de la Conselleria de Hacienda, según el cual el organismo no puede realizar las tareas que se le ha solicitado desde el juzgado por falta de personal. En este sentido, insta a remitir la cuestión a la Intervención de la administración autonómica para que dilucide si hubo o no hubo fraccionamiento en este caso.
El Juzgado de Instrucción número 2 investiga, a raíz de una denuncia del Partido Popular, el supuesto fraccionamiento de contratos para la organización de las dos últimas ediciones de la feria navideña de Expojove. La cuantía de estos contratos asciende a 200.000 euros.
Este verano, el edil fue citado a declarar tras ampliarse la denuncia y aseguró estar "confiado y tranquilo" dado que, dijo, "todo se ha hecho dentro de la máxima legalidad", sin reparos por parte del secretario del consistorio ni por ninguna otra instancia. Así, subrayó que todo lo que se investiga son "cuestiones administrativas".
La jueza decidió investigar, además, posibles vínculos del edil de Compromís con las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos. Este último hecho quedó descartado con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los agentes expusieron que las empresas contratadas trabajaban con el consistorio valenciano hacía más de diez años, mucho antes de que Fuset accediera al cargo de concejal.
Huelga recordar que el fraccionamiento permite eludir el concurso público en la administración, pero no es delito si no hay una participación de los funcionarios o dirigentes políticos. Eso es lo que investiga la Fiscalía.
Por ello, la fiscalía había solicitado el análisis de la Junta Superior de Contratación Administrativa para contar con una opinión técnica, después de haber tomado declaración también a personal del Ayuntamiento de València. Sin embargo, esto no podrá ser, de manera que el juzgado podría dirigirse a la Intervención de la Generalitat Valenciana.
