La justicia aboca a la EMT a readmitir a empleados por cesión ilegal de trabajadores a una contrata

VALÈNCIA. Al menos una quincena de trabajadores de una subcontrata de la EMT de Valencia han acabado en los tribunales para reclamar que la empresa municipal les contrate como trabajadores propios. La Inspección de Trabajo concluyó el pasado mes de septiembre tras una investigación que empleados de dos subcontratas estaban llevando a cabo trabajos propios de la EMT. Ahora, la justicia ha fallado en favor de una de los empleados, despedida tras la sanción de Trabajo, y ha obligado a la EMT a readmitirla en su propia plantilla.

En su acta, la Inspección de Trabajo dejó negro sobre blanco que la EMT estaba cometiendo cesión ilegal de trabajadores a las contratas de limpieza "excediendo los límites establecidos para las lícitas contratas de servicios". Entre otras cosas, constató que estos empleados se encargaban de trasladar los autobuses en las cocheras de la EMT, una labor que no recoge el convenio del sector de limpieza y que "encaja perfectamente" en el convenio de la EMT. 

Asimismo, el organismo de control explica que todos los "elementos materiales" empleados en estos trabajos pertenecen a la EMT e incluso es la empresa municipal la que ejerce una "extensa e intensa intervención [...] fiscalizando diariamente su actuación y pudiendo vetar trabajadores de la contratista". Y además de todo ello, la Inspección prueba la "evidente motivación económica de abaratamiento de costes y la degradación paralela de las condiciones laborales que disfrutan los trabajadores adscritos a dicho servicio, que solo trabajan en el turno de noche y carecen de los derechos contemplados en el convenio" de la EMT.

Todo esto implicaba que estos empleados tenían un sueldo menor al que deberían percibir si hubieran sido empleados directos de la EMT, y por tanto sus contratos estaban cotizando menos de lo debido a la Seguridad Social. De ahí que, a la postre, la Inspección de Trabajo llegara a emitir hasta cuatro actas de sanción a la EMT por infracciones muy graves y por valor total 525.000 euros.

La EMT contrató a las empresas en cuestión en 2013, con el edil del PP Alberto Mendoza como presidente de la entidad, y aunque los sindicatos criticaban duramente lo que consideraban una privatización de este servicio de trasiego de autobuses, la nueva dirección de la EMT, con el concejal Giuseppe Grezzi al frente, renovó los contratos en 2017. De hecho, la mayoría de empleados afectados fueron contratados después de 2015, y parte de ellos, tras renovarse las contratas en 2017.

La empresa municipal ha impugnado las actas de infracción de la Inspección, pero aún así una quincena de trabajadores de la contrata llevaron la cuestión a los juzgados de lo social. Y un fallo reciente, respecto a una de las empleadas, confirma la cesión ilegal de trabajadores por parte de la subcontrata, que se limitaba a poner a disposición de la EMT trabajadores para hacer trabajos que debería asumir la propia EMT. 

En ese sentido, el juzgado de lo social número 15 de Valencia obliga a la firma pública a admitirla en su plantilla y, solidariamente junto con la empresa privada, a abonarle el salario que le hubiera correspondido de haber sido empleada directa de la EMT, junto con los intereses. Un fallo que abre la puerta a resoluciones judiciales similares en los casos de empleados en una situación parecida.

"Mientras usaban de chivo expiatorio a una exempleada"

La portavoz del PP de Valencia, María José Català, cifró el posible coste al erario público en un millón de euros, ya que además del medio millón que reclama la Inspección de Trabajo, si la justicia replica la última sentencia con los otros empleados que han reclamado, habría que abonar también las diferencias salariales y los intereses desde que empezaron a trabajar para la EMT de forma irregular.

Por todo ello, la portavoz popular pidió de nuevo este lunes al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que destituya a Grezzi, e hizo referencia al anuncio del pasado viernes del presidente de la EMT sobre la sentencia del Tribunal de Cuentas que obligaba a la ex directiva de la firma Celia Zafra, engañada durante el fraude cometido contra la EMT, a pagar los cuatro millones a los que ascendió la estafa.

Catalá consideró "lamentable" que Grezzi "se alegrara de que una trabajadora pague los platos rotos de la estafa cuando los fallos de la EMT estuvieron constatados" por la Intervención, el Síndic de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude, auditorías privadas y la Agencia de Protección de Datos". Al hilo de ello, señaló que "la izquierda, mientras usaba de chivo expiatorio a una trabajadora, ha estado ocultando que los tribunales e Inspección de Trabajo les han condenado por vulnerar los derechos de los trabajadores". El PP pedirá un consejo de administración extraordinario de la EMT para "que se destituya al máximo responsable y se intervenga la empresa".