VALENCIA. La justicia europea ha dado la razón a España en su recurso contra la decisión de la Comisión Europea que declaró ilegal el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) para los inversores en astilleros, lo que le exime de tener que devolver 126 millones de euros que fueron considerados ayudas de Estado. No obstante, la decisión llega tarde para los astilleros que, desde la resolución del entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se han visto obligados a cerrar y despedir a sus trabajadores como consecuencia del desplome de los pedidos.
Es el caso de Unión Naval Valencia, filial de Boluda Corporación Marítima especializada en la fabricación de remolcadores que en mayo de 2013 cesó su actividad por las "consecuencias demoledoras" derivadas de la "falta de ayudas públicas" al sector, según la versión ofrecida entonces por el grupo. Esta drástica decisión provocó la pérdida de 81 empleos directos y unos 300 indirectos de su industria auxiliar, según cálculos de los sindicatos.
Según la empresa valenciana, el procedimiento abierto por la Comisión Europea contra el régimen español de bonificación fiscal para la construcción de buques -tax lease-, dejó a los astilleros de España sin un marco legal que les permitiera "acceder al mercado y contratar nuevos buques en las mismas condiciones" que los europeos, denunciantes del sistema español. El grupo cargó la responsabilidad en Joaquín Almunia y su resistencia para estudiar alternativas.
Este jueves, tras conocer el fallo del Tribunal General de la Unión Europea que anula la decisión de la Comisión y avala la legalidad del sistema español al no ver en las bonificaciones una ayuda de Estado, el grupo valenciano eludió valorar las consecuencias del fallo. Según indicó un portavoz de la firma a este periódico, la compañía no tiene previsto plantear una reclamación porque se trata de un asunto que da por cerrado.
La estrategia de Boluda contrasta con la que seguirá la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), una de las organizaciones que recurrió la decisión de la Comisión a la que la justicia comunitaria acaba de dar la razón.
Según detalló esta asociación, la sentencia anula la decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2013 y paraliza la devolución de las ayudas que fueron declaradas ilegales. El Gobierno de España estimó que el volumen de ayudas reclamado asciende a 126 millones, de los que ya se habría devuelto una parte.
La sentencia, según detallan fuentes de esta sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles, se originó por el procedimiento iniciado en junio de 2011 sobre 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros.
Al contrario que la Comisión, el TUE considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios.
Un portavoz de Pymar explicó a Valencia Plaza que la asociación ya ha iniciado los trámites para calcular el perjuicio ocasionado por la decisión sobre la actividad de sus diecinueve socios así como la industria auxiliar asociada a la construcción de buques, que han sufrido el "perjuicio evidente" de la medida en pérdida de actividad y empleo.
En este sentido, Pymar recuerda que fueron los competidores de los astilleros privados españoles -fundamentalmente los astilleros holandeses- los que promovieron las denuncias que provocaron el inicio del procedimiento de investigación por parte de la Comisión.
Tras ello, los astilleros holandeses "vieron incrementarse vertiginosamente su cartera de pedidos, alcanzando un nivel de contratación sin precedentes que en 2013 fue un 80% superior al de 2010", denuncia la asociación.
